EL MAYOR FRAUDE

La Audiencia de Sevilla, encargada de emitir las nuevas sentencias del caso ERE, considera que la revisión de las condenas que el Tribunal Constitucional (TC) llevó a cabo el año pasado puede «no ser del todo compatible con el derecho de la Unión Europea», y ha pedido opinión a las partes sobre si la corte de garantías se «extralimitó» en sus funciones e «invadió» ámbitos reservados a los jueces.

El TC, recordemos, anuló parcialmente las penas por delitos continuados de prevaricación y/o malversación a los ex presidentes socialistas andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, además de a otros ex altos cargos de la Junta, por el reparto arbitrario de 680 millones de euros en subvenciones públicas para financiar expedientes de regulación de empleo. El Constitucional declaró la nulidad parcial de las sentencias condenatorias tanto de la Audiencia de Sevilla como del Tribunal Supremo, anuló la pena de cárcel a Griñán, rebajó la de Chaves y ordenó al órgano provincial que dictara un nuevo pronunciamiento «respetuoso con el derecho fundamental que se entiende vulnerado». Tres de los siete magistrados implicados en esta decisión están ligados al PSOE.

Compatibilidad con el derecho de la UE

Ahora, ante la «coyuntura» de dictar esos nuevos pronunciamientos, la Audiencia de Sevilla señala que no puede «dejar de lado» la posibilidad de que las valoraciones que hace el TC en esas sentencias «no sean del todo compatibles con el derecho de la Unión». En ese punto hace referencia a artículos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y de la Ley Orgánica de Poder Judicial, y da audiencia a las partes para que, en el plazo de 10 días, aleguen sobre el posible planteamiento de una cuestión prejudicial de interpretación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Concretamente, pide la opinión de las partes sobre si el Constitucional se ha «extralimitado» en la función de control que le corresponde, «invadiendo ámbitos reservados a la jurisdicción de los jueces y tribunales» al revisar lo planteado tanto por la propia Audiencia de Sevilla como por el Tribunal Supremo. En este sentido, la Audiencia habla de una «interpretación alternativa» por parte de la corte española de garantías de elementos normativos de los tipos penales de prevaricación y de malversación de caudales públicos. También plantea si la interpretación del Constitucional sobre las leyes de presupuesto de Andalucía de los años 2002 a 2009 «se opone» a la normativa y jurisprudencia comunitaria al dejar «al margen de todo control» aquello que tenga que ver con la actividad presupuestaria, desde la fase inicial de elaboración de los presupuestos a la fase final de su ejecución.

«Desprotección» del dinero público

«Esto podría generar una situación de desprotección del patrimonio público y una merma del correcto funcionamiento de la actividad patrimonial del Estado, de la confianza de la sociedad en el manejo honesto de fondos públicos y de los deberes de fidelidad y transparencia que tienen los funcionarios públicos a cuyo cargo se encuentran los bienes de la administración pública», sentencia la Audiencia. Además, expone la posibilidad de que la doctrina del TC incumpla las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción política, «incompatible» con lo dispuesto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la lucha contra el fraude y contra la actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión. También alude a la posibilidad de que los tribunales ordinarios no apliquen las sentencias del TC «interpretativas» de las normas legales autonómicas (leyes de presupuesto de 2002 a 2009) que, a su juicio, «conducen a entender como lícitas las conductas de los acusados cuando, según los tribunales ordinarios nacionales, dichas normas no excluyen la tipicidad penal». La Audiencia concluye su providencia indicando que contra la misma no cabe recurso dado que la finalidad de la resolución es decidir si procede o no el posterior planteamiento de una cuestión prejudicial.

Cabe recalcar que, más de una década después de iniciarse, la macrocausa de los ERE está más que viva en los tribunales: el fraude sigue acumulando sentencias condenatorias en los tribunales, la última a principios de año, y hay un centenar de piezas separadas todavía pendientes de juicio. El pasado noviembre, Chaves y Griñán fueron homenajeados y ovacionados en el Congreso Federal del PSOE celebrado en Sevilla. Más recientemente, el PSOE andaluz premió por el 8M, Día de la Mujer, a Carmen Martínez Aguayo, consejera que pasó un año y medio en prisión por el caso ERE. «Estamos muy orgullosos de ella, es fiel representante de la mujer socialista», afirmó María Jesús Montero, ministra socialista, en su discurso.

El escándalo de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en Andalucía, conocido como el "caso ERE", representa uno de los mayores episodios de corrupción política en la historia reciente de España. Este caso, que involucró el desvío de cientos de millones de euros de fondos públicos entre 2000 y 2011, salpicó a figuras clave del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en Andalucía, incluidos los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. A lo largo de más de una década de investigaciones, juicios y recursos, su implicación ha sido objeto de intenso escrutinio judicial, político y mediático. Este artículo ofrece un análisis exhaustivo de su participación en el caso, desde los orígenes del escándalo hasta las resoluciones judiciales más recientes, incluyendo los giros inesperados que han marcado su desenlace.

Orígenes del caso ERE: un sistema opaco para tiempos de crisis

A finales de los años 90 y principios de los 2000, Andalucía enfrentaba una profunda crisis industrial que dejó a miles de trabajadores en situación de vulnerabilidad. Para mitigar el impacto social y económico, la Junta de Andalucía, bajo el gobierno del PSOE, diseñó un sistema de ayudas públicas destinadas a financiar prejubilaciones y apoyar a empresas en dificultades mediante expedientes de regulación de empleo (ERE). En 2001, se creó la partida presupuestaria 31L, conocida como el "fondo de reptiles", que llegó a estar dotada con más de 1.200 millones de euros hasta 2011, aunque la sentencia inicial cifró el fraude en torno a 680 millones de euros.

El problema no radicaba en la intención de las ayudas, sino en la forma en que se gestionaron. Las investigaciones revelaron que el sistema carecía de controles efectivos, permitiendo la concesión discrecional de fondos sin publicidad ni concurrencia. Esto dio lugar a una red clientelar que benefició a empresas, amigos, militantes del PSOE e incluso a personas que nunca habían trabajado en las compañías supuestamente afectadas. El caso estalló en 2011, cuando una investigación sobre irregularidades en Mercasevilla destapó el alcance de las anomalías, desencadenando una macrocausa judicial con más de 200 piezas separadas.

Manuel Chaves, presidente de la Junta entre 1990 y 2009, y José Antonio Griñán, quien le sucedió de 2009 a 2013 y previamente había sido consejero de Hacienda (2004-2009), se convirtieron en figuras centrales de esta trama. Ambos eran líderes históricos del PSOE andaluz y nacional, y su implicación marcó un punto de inflexión en la hegemonía socialista en la región, que se había mantenido durante casi cuatro décadas.

La investigación: de Alaya al Supremo

El caso ERE comenzó a tomar forma bajo la instrucción de la jueza Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. En 2011, Alaya inició diligencias que pronto apuntaron a la cúpula del gobierno andaluz. En 2013, imputó a Chaves y Griñán, junto a otros altos cargos como los exconsejeros Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez y José Antonio Viera, por su presunta responsabilidad en la creación y mantenimiento del sistema fraudulento. La jueza argumentó que la decisión de implementar este mecanismo no provenía únicamente de la Consejería de Empleo, sino que era una política deliberada del Consejo de Gobierno en su conjunto, liderado por Chaves y respaldado por Griñán desde Hacienda.

El proceso judicial avanzó lentamente debido a la complejidad de la causa y al estatus de aforados de varios implicados, lo que llevó parte de la investigación al Tribunal Supremo en 2015. El Supremo, bajo el magistrado Alberto Jorge Barreiro, consideró que había indicios de prevaricación en ambos expresidentes, aunque descartó inicialmente que Griñán tuviera conocimiento directo de un desvío de fondos para enriquecimiento personal. Sin embargo, la causa regresó a Sevilla para el juicio de la "pieza política", la más relevante, que juzgaba el diseño del sistema de ayudas.

El juicio comenzó en diciembre de 2017 y terminó en diciembre de 2018. Durante las sesiones, Chaves y Griñán defendieron su inocencia. Chaves afirmó no estar al tanto de los detalles operativos de las ayudas, mientras Griñán insistió en que su labor como consejero de Hacienda se limitaba a la elaboración de presupuestos, sin supervisión directa sobre su ejecución. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción y la acusación ejercida por el PP sostuvieron que ambos eran "plenamente conscientes" de la ilegalidad del sistema.

La sentencia de la Audiencia de Sevilla (2019)

El 19 de noviembre de 2019, la Audiencia Provincial de Sevilla emitió una sentencia histórica. Manuel Chaves fue condenado a nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, mientras que José Antonio Griñán recibió seis años de prisión y 15 años de inhabilitación por prevaricación en concurso medial con malversación de caudales públicos. La sentencia también condenó a otros 17 ex altos cargos, incluidos exconsejeros como Antonio Fernández (siete años y 11 meses de cárcel) y Carmen Martínez Aguayo (seis años), y absolvió a dos acusados.

Los jueces, encabezados por Juan Antonio Calle Peña, concluyeron que el sistema de los ERE era "fraudulento" e "ilegal", diseñado para eludir los controles de la Intervención General de la Junta. Respecto a Chaves, señalaron que, como presidente, aprobó los anteproyectos de ley de presupuestos y modificaciones que incluían la partida 31L, siendo "impensable" que no conociera ni avalara el cambio en el procedimiento de concesión de ayudas. En cuanto a Griñán, la sentencia destacó su rol como consejero de Hacienda y, posteriormente, como presidente, afirmando que sabía o debía saber que los fondos se estaban gestionando de manera irregular, lo que constituía malversación.

La sentencia tuvo un impacto devastador para el PSOE andaluz, que vio cómo dos de sus máximos referentes eran condenados justo cuando el partido atravesaba un declive político tras perder el gobierno autonómico en 2018 frente al PP.

Confirmación del Supremo (2022)

Los condenados recurrieron al Tribunal Supremo, que el 26 de julio de 2022 ratificó en gran medida la sentencia de la Audiencia de Sevilla. Con un fallo dividido (tres votos a favor y dos en contra), el Supremo confirmó la inhabilitación de Chaves y la pena de prisión para Griñán, subrayando que ambos eran "plenamente conscientes de la palmaria y patente ilegalidad" del sistema. Las magistradas discrepantes, Susana Polo y Ana Ferrer, defendieron que Griñán y otros acusados debían ser absueltos de malversación, lo que habría evitado su ingreso en prisión, pero su postura no prosperó.

El fallo del Supremo parecía cerrar el capítulo judicial del caso ERE, abocando a Griñán a la cárcel (aunque no llegó a ingresar por razones de salud) y consolidando la condena política de una era del socialismo andaluz. Sin embargo, las defensas no se rindieron y presentaron recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional, alegando vulneraciones de derechos fundamentales.

El giro del Tribunal Constitucional (2024)

El 16 de julio de 2024, el Tribunal Constitucional (TC) dio un vuelco inesperado al caso. Con una mayoría de siete votos progresistas frente a cuatro conservadores, el TC estimó parcialmente los recursos de Chaves y Griñán, anulando sus condenas y ordenando a la Audiencia de Sevilla dictar nuevas sentencias. La ponente, Inmaculada Montalbán, argumentó que no se podía cometer prevaricación ni malversación al aprobar proyectos de ley de presupuestos, ya que estos no son resoluciones administrativas sujetas a control penal, sino actos legislativos cuya legalidad solo podía ser cuestionada ante el propio TC.

En el caso de Chaves, se anuló la condena por prevaricación continuada, aunque el TC dejó abierta la posibilidad de un delito puntual en una actuación de 2004, cuya pena sería mucho menor. Para Griñán, se eliminó la malversación —que implicaba prisión— y se redujo significativamente la prevaricación, evitando así cualquier riesgo de cárcel. El fallo también benefició a otros ex altos cargos, como Carmen Martínez Aguayo y Antonio Fernández, cuyos delitos de malversación fueron descartados. La decisión desató una tormenta política. El PSOE celebró la sentencia como una reivindicación de la inocencia de sus líderes, mientras el PP y Vox la calificaron como una maniobra del gobierno de Pedro Sánchez para proteger a los suyos, señalando la mayoría progresista del TC y la participación de magistrados con vínculos socialistas. Chaves afirmó que el fallo demostraba que "no había trama política" y que el caso fue "una operación con ropaje judicial montada por el PP". Griñán, por su parte, mantuvo un perfil bajo, afectado por su estado de salud.

Implicaciones políticas y sociales

La implicación de Chaves y Griñán en el caso ERE marcó el fin de una era para el PSOE andaluz. Ambos abandonaron sus cargos públicos y la militancia socialista tras ser imputados, siguiendo una decisión impulsada por Susana Díaz, entonces líder del partido en Andalucía. El escándalo debilitó la imagen del PSOE como garante de la gestión pública y contribuyó a su derrota electoral en 2018, rompiendo 36 años de hegemonía en la región.

A nivel social, el caso generó una profunda indignación entre los andaluces, que vieron cómo millones de euros destinados a paliar el desempleo y la precariedad acabaron en manos de una red clientelar. Testimonios como el del exchofer Juan Francisco Trujillo, quien admitió haber usado fondos públicos para comprar droga, simbolizaron el grado de descontrol y abuso.

Conclusión: un caso sin cierre definitivo

A marzo de 2025, el caso ERE sigue sin un desenlace definitivo. La Audiencia de Sevilla debe emitir nuevas sentencias ajustadas al criterio del TC, lo que podría reducir aún más las penas o incluso absolver a los implicados de los cargos principales. Aunque Chaves y Griñán han sido exculpados de los delitos más graves, su legado político queda irremediablemente ligado a este escándalo.

El caso ERE no solo expuso las fallas de un sistema de gestión pública opaco, sino que también reflejó las tensiones entre justicia, política y percepción pública en España. Para unos, Chaves y Griñán son víctimas de una persecución política; para la inmensa mayoría, los responsables últimos de un fraude monumental. Lo cierto es que, más allá de las sentencias, el daño a la confianza en las instituciones andaluzas perdurará como el verdadero legado de este episodio.

Contexto General del Caso

El caso ERE investiga el uso fraudulento de un fondo creado por la Junta de Andalucía entre 2000 y 2011 para otorgar ayudas sociolaborales y subvenciones a empresas en crisis y trabajadores afectados por procesos de reestructuración. Este fondo, conocido como la partida presupuestaria "31L" o "fondo de reptiles", fue gestionado de manera opaca y sin los controles administrativos requeridos por la ley, lo que permitió su uso discrecional y clientelar.

Cifras Clave del Fraude

1.   Monto Total Defraudado:

o   La sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, ratificada parcialmente por el Tribunal Supremo en 2022, cifró el dinero desviado en 679,412,179.09 euros. Esta cantidad corresponde al total de fondos públicos malversados entre 2000 y 2009, según el fallo judicial.

o   Inicialmente, la juez instructora Mercedes Alaya estimó un fraude de hasta 855 millones de euros, pero esta cifra fue ajustada tras el juicio, excluyendo ayudas que no se consideraron fraudulentas o que beneficiaron a destinatarios legítimos.

o   El presupuesto total asignado al programa hasta 2011 ascendía a 721 millones de euros, con previsiones de ampliarse a 1,217 millones de euros para su finalización, según la Junta de Andalucía.

2.   Distribución Anual del Desvío:

o   El fraude comenzó en 2000 con 6,977,751 euros desviados.

o   El pico máximo se alcanzó en 2008, con 94,744,185.09 euros malversados en un solo año.

o   El promedio anual de dinero distraído fue de aproximadamente 66 millones de euros durante la década investigada.

3.   Beneficiarios de las Ayudas:

o   Se estima que unas 6,000 personas recibieron ayudas legítimas del fondo, principalmente trabajadores afectados por EREs. Sin embargo, una parte significativa del dinero se destinó a beneficiarios irregulares, incluyendo "intrusos" (personas no vinculadas a los ERE) y empresas favorecidas sin justificación.

Implicados y Condenas

1.   Número de Acusados:

o   En la pieza política del caso, juzgada entre 2017 y 2018, se sentaron en el banquillo 22 acusados, aunque inicialmente fueron imputadas 52 personas en esta rama. Tras sobreseimientos y recursos, el número se redujo.

o   En el conjunto de la macrocausa, que incluye múltiples piezas separadas, el número de imputados supera los 500, según datos de 2017.

2.   Condenas Principales:

o   Manuel Chaves: Presidente de la Junta entre 1990 y 2009. Condenado por la Audiencia de Sevilla en 2019 a 9 años de inhabilitación por prevaricación. El Tribunal Supremo ratificó esta pena en 2022.

o   José Antonio Griñán: Presidente entre 2009 y 2013 y consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009. Condenado a 6 años y 2 días de prisión y 15 años y 2 días de inhabilitación absoluta por prevaricación y malversación. El Supremo confirmó la condena en 2022, aunque no ingresó en prisión por motivos de salud.

o   Otros condenados notables:

§  Antonio Fernández (exconsejero de Empleo): 7 años y 11 meses de prisión y 18 años de inhabilitación.

§  Francisco Javier Guerrero (exdirector general de Trabajo): 7 años y 11 meses de prisión (falleció en 2020).

§  Juan Márquez (exdirector general de Trabajo): Condenado inicialmente a 7 años de prisión, reducido a 3 años por el Supremo tras aplicar atenuantes.

o   En total, la primera pieza sumó 60 años de penas privativas de libertad entre los condenados.

3.   Absueltos y Revisiones:

o   Dos acusados fueron absueltos en la sentencia inicial de 2019: el exinterventor general de la Junta y el exjefe de gabinete jurídico.

o   El Supremo absolvió a tres exsecretarios técnicos de Empleo (Javier Aguado, Juan Francisco Sánchez y Lourdes Medina) en 2022.

Desarrollo Judicial

1.   Duración del Juicio:

o   La vista oral de la pieza política se prolongó durante 152 sesiones entre diciembre de 2017 y octubre de 2018, con la participación de 120 testigos.

2.   Sentencias y Recursos:

o   La Audiencia de Sevilla emitió su fallo el 19 de noviembre de 2019, con una sentencia de más de 1,800 páginas.

o   El Tribunal Supremo confirmó las condenas principales el 26 de julio de 2022, en una decisión dividida (3 a 2 magistrados), con un fallo de 1,205 folios.

o   En julio de 2024, el Tribunal Constitucional anuló las condenas de Chaves y Griñán, argumentando que no se podía cometer prevaricación ni malversación al aprobar presupuestos, y ordenó a la Audiencia de Sevilla dictar nuevas sentencias. Esto redujo significativamente las penas, eliminando la condena por malversación de Griñán (y con ella la prisión) y rebajando la inhabilitación de Chaves.

Impacto Político y Social

Conclusión

El caso ERE destaca por la magnitud del fraude (679.4 millones de euros) y el número de implicados, marcando un hito en la lucha contra la corrupción en España. Aunque las condenas iniciales señalaron a Chaves y Griñán como responsables clave de un sistema ilegal, la intervención del Tribunal Constitucional en 2024 ha redefinido el alcance de sus responsabilidades, limitando las penas y cerrando un capítulo judicial que duró más de una década. Sin embargo, otras piezas de la macrocausa siguen en curso, y el impacto total del escándalo aún podría ampliarse.

Es absolutamente escandaloso que Chaves y Griñán estén en libertad y agasajados por sus compañeros de partido después de ser los máximos responsables del mayor fraude perpetrado en España desde que se tienen noticias. Una vez más se cumple la norma:

“si robas poco, y vas por libre, al talego. Si robas mucho, y eres político, a la calle”

 

                                              © JAVIER DE LUCAS 2025