LA LARGA AGONIA

La política española atraviesa uno de sus momentos más delicados desde la moción de censura de 2018, y quizás de toda la historia democrática y constitucional. No porque exista una crisis constitucional formal, ni porque el Gobierno haya perdido jurídicamente la confianza del Congreso, sino porque se está produciendo algo mucho más corrosivo: una crisis simultánea de legitimidad política, autoridad moral, estabilidad parlamentaria y credibilidad institucional. El presidente del Gobierno conserva los instrumentos constitucionales para resistir, pero la pregunta ya no es si puede hacerlo, sino si esa resistencia sigue siendo funcional o se convierte en una mera prolongación de la agonía que podría llevar, al menos, a un serio deterioro de la democracia española.

La paradoja es evidente. España no se encuentra en una situación económica catastrófica. Al contrario, la economía mantiene un comportamiento comparativamente bueno dentro de la Unión Europea. España creció un 2,8% en 2025, y la Comisión Europea prevé un crecimiento del 2,4% en 2026, un crecimiento superior al de las grandes economías del euro. Cierto que esas buenas cifras macroeconómicas no se traducen en una mejora de la renta per capita, pero los datos del CIS muestran que una mayoría de españoles perciben su situación económica como buena o muy buena. Por el contrario, perciben la situación política como mala o muy mala. Ese contraste entre una economía que resiste y una política que se descompone, es uno de los rasgos más llamativos del momento actual y así lo destaca la prensa internacional desde Le Monde al Financial Times. No estamos, por tanto, ante una crisis económica que arrastra al Gobierno, sino ante una grave crisis puramente política que amenaza con neutralizar y revertir los buenos datos económicos.

I. Cómo hemos llegado hasta aquí

Para entender la situación actual hay que partir de una ironía histórica. Pedro Sánchez llegó al poder en 2018 mediante una moción de censura contra Mariano Rajoy fundada en la corrupción del Partido Popular. Aquella moción no fue sólo una operación parlamentaria: fue una operación de legitimación moral. El PSOE se presentó entonces como fuerza regeneradora frente a un PP erosionado por la sentencia del caso Gürtel. La corrupción no fue un elemento accesorio de aquella operación, sino su núcleo simbólico, y Sánchez construyó su acceso al poder sobre el principio de que el deterioro ético de un Gobierno lo hacía políticamente inviable.

Ocho años después, la hemeroteca se vuelve contra él, y nada más demoledor que, quien justifico en el Congreso la moción de censura cargando contra la corrupción, esté hoy rodeado de serios indicios de corrupción en su entorno más inmediato. Pero no es un caso aislado y la acumulación de investigaciones que afectan al ámbito del PSOE, a antiguos colaboradores, a figuras relevantes del partido, e incluso al círculo familiar del presidente, crea una situación políticamente devastadora aunque ninguna de esas causas permita todavía formular una conclusión penal definitiva. Cierto: la presunción de inocencia debe mantenerse escrupulosamente. Pero la política no espera a la sentencia firme pues vive también de climas, percepciones, símbolos y acumulaciones. Una causa aislada puede resistirse con relativa facilidad; una cadena de causas crea una atmósfera y hace inevitable el juicio político, si no el juicio penal.

El primer factor del deterioro es, pues, la misma acumulación. No se trata ya de un caso concreto, sino de una constelación de asuntos: el caso Koldo, la situación de Ábalos, las investigaciones sobre Santos Cerdán, el caso Leire Díez con la entrada de la UCO en Ferraz, el caso Plus Ultra, los procedimientos que afectan a Begoña Gómez, a David Sánchez y al propio expresidente Rodríguez Zapatero. Cada expediente tiene su lógica jurídica, su instructor, sus ritmos, sus pruebas y sus defensas. Especialmente grave es el auto del caso Leire, que pone de manifiesto una supuesta conspiración dirigida por el secretario general del PSOE y financiada por el mismo partido con el objetivo de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno.

Pero políticamente todos los casos tienden a fundirse en una sola narrativa: la de un PSOE rodeado por sospechas y la de un presidente que ya no puede aislar los casos como accidentes periféricos. Es más, es cada vez menos creíble que los principales colaboradores de Pedro Sanchez, dos secretarios generales del partido y un expresidente elevado al nivel de baremo “progresista”, todos estén imputados por robar, y el presidente no supiera nada, solo pasara por allí. O sea, que cada día la acumulación deviene más personal. El PP ocultaba sus casos de corrupción porque le avergonzaban, pero el PSOE los trivializa y banaliza como si no fueran con él. Son, como ha dicho recientemente Pedro Sanchez, “tropiezos”, pero son ya tantos que sorprende no se haya producido una caída. Los sondeos siguen dando al PSOE un suelo electoral firme superior a los 100 diputados pero, ¿hasta cuándo?

El segundo factor es la fragilidad parlamentaria nacida de las elecciones de 2023. Sánchez no gobierna con una mayoría homogénea, sino con una coalición de apoyos heterogéneos, tensos, y en parte contradictorios. Necesita a Sumar, a ERC, a Bildu, al PNV y a Junts, entre otros. Pero esos apoyos no responden a un proyecto común de legislatura sino a una suma de intereses defensivos: impedir un Gobierno del PP con Vox, obtener concesiones territoriales, condicionar la agenda del Estado o mantener capacidad de presión sobre Madrid. Una mayoría negativa, unida más por lo que rechaza que por lo que propone. Esa mayoría negativa podía sostener una investidura, “que no gobiernen ellos”. Era mucho más dudoso que pudiera sostener una legislatura larga, con presupuestos y reformista, como se ha demostrado. Y es bien poco probable que pueda resistir el deterioro actual y la huida del barco que se hunde empieza a ser palpable. Incluso Sumar, el socio de gobierno, se distancia para evitar la intoxicación de los casos de corrupción.

La amnistía agravó esa dependencia. Para los socios independentistas, el apoyo a Sánchez no era gratis; tenía que producir resultados. Una vez obtenida o encauzada la gran concesión de la amnistía, la utilidad marginal de seguir sosteniendo al Gobierno disminuye. Saben que es ya poco probable que obtengan el indulto para Puigdemont o la financiación singular para Cataluña. Y Junts, en particular, tiene incentivos para demostrar que no es una fuerza subordinada al PSOE, sino una fuerza capaz de poner y quitar estabilidad. Y percibe ya el aliento de Alianza Catalana, cada vez más fuerte. El PNV, por su parte, no quiere aparecer como cómplice de un Gobierno en descomposición, sobre todo en competencia con Bildu y gobernando en Euskadi con los socialistas. De ahí que tanto Junts como el PNV puedan considerar agotada la legislatura sin estar necesariamente dispuestos a investir a Feijóo. Van a presionar a Pedro Sanchez para que convoque él elecciones amagando con retirar su apoyo.

El tercer factor es la polarización o, por decirlo de modo más sencillo, el “muro”. España vive desde hace años en una lógica política (que no necesariamente social) de bloques, en la que cada bloque considera al otro, no sólo adversario, sino amenaza existencial, hostes, enemigos públicos, no inimici, no competidores. Ese muro, construido tensando las contradicciones, ha permitido a Sánchez cohesionar a la izquierda bajo la idea de frenar a la derecha y a Vox. Pero también ha reducido los espacios de legitimidad compartida. Cuando todo se interpreta en clave de guerra política, los casos judiciales se convierten inmediatamente en munición partidista: para unos son corrupción; para otros, lawfare, fango, persecución o incluso conspiración. Ya no estamos ante una judicialización de la política —inevitable ante la corrupción de ministros o secretarios generales del partido socialista— sino ante una politización de la justicia alentada desde el mismo Gobierno. El resultado es una degradación del espacio común de confianza institucional, como lo prueban los sondeos de opinión: la confianza en el parlamento, los partidos políticos o los políticos, incluso la confianza en el mismo “sistema gobierno-oposición”, está en mínimos históricos. A la larga, este descrédito de la política alienta posiciones extremistas, de derechas, pero sobre todo de izquierdas, que desbordan el marco constitucional. En la posición 1, la extrema izquierda, se ubica ya un 18,5%; en la posición 10 de la extrema derecha, bastante menos, un 8,1%. Pero el centro (posición 5) ha quedado reducido a un 20,6%.

El cuarto factor es el agotamiento del ciclo de resistencia. Durante años, Sánchez convirtió la supervivencia en método político. Resistió la crisis interna del PSOE, la repetición electoral, la pandemia, la coalición con Podemos, los indultos, la amnistía, la dificultad de gobernar sin mayoría propia y sin presupuestos, incluso las cuatro sucesivas derrotas autonómicas y municipales. Pero la resistencia tiene una condición: debe producir algún resultado. Si resistir permite mantener una agenda legislativa, gobernar con cierta normalidad y conservar la iniciativa, entonces puede ser virtud. Si resistir sólo significa aplazar el desenlace mientras se acumulan causas judiciales, derrotas parlamentarias y desafección de los socios y de los ciudadanos, entonces se convierte en obstinación. Hoy Pedro Sanchez y su Gobierno es un lame duck, un pato cojo que solo puede retrasar la agonía.

II. Las alternativas

Alternativas que, casi todas, pasan por la voluntad de Pedro Sanchez, de modo que, paradójicamente, el principal problema pasa a ser la principal solución. Y la primera alternativa de Sánchez es aguantar. Constitucionalmente puede hacerlo aunque lleve cuatro años ya sin presupuestos, y no está obligado a convocar elecciones porque el PNV o Junts le retiren su apoyo. Mientras no prospere una moción de censura constructiva, mientras no pierda una cuestión de confianza planteada por él mismo, mientras no dimita y no disuelva las Cámaras, el Gobierno puede continuar. Puede seguir gobernando con presupuestos prorrogados; puede recurrir —como ha hecho siempre— a decretos-leyes, gestionar la Administración, hacer política europea y exterior, y negociar votación a votación a cara de perro.

Pero aguantar tiene costes crecientes. Sin presupuestos, sin mayoría estable y con los socios en fase de distanciamiento, la legislatura deja de ser transformadora y se vuelve puramente defensiva. La agenda política ya no la marca el Gobierno, sino los jueces, la oposición, los medios y los socios parlamentarios. Puede seguir en La Moncloa, pero cada semana corre el riesgo de parecer menos presidente de una mayoría y más jefe y responsable de una resistencia sitiada.

La segunda alternativa es convocar elecciones anticipadas. Es la salida más limpia desde el punto de vista democrático: devolver la palabra a los ciudadanos. Pero también es la más arriesgada para Sánchez si las encuestas no le garantizan opciones. Y, muy a pesar del CIS, no parece que lo hacen. Ningún presidente convoca elecciones anticipadas si cree que va a perderlas de manera clara, salvo que la alternativa sea todavía peor. Para Sánchez, adelantar sólo tendría sentido si pudiera convertir la crisis en plebiscito: él frente a la derecha política, mediática y judicial; él como víctima de una operación de acoso; él como garantía frente al PP y Vox. Se ha especulado incluso que la Moncloa está estudiando llevar a las elecciones la propuesta de sendos referéndums consultivos sobre la plurinacionalidad o la monarquía. Transformar las elecciones legislativas en una propuesta de reforma constitucional, de “segunda transición”, que dé al traste tanto con la unidad de España como con la Jefatura del Estado que la representa, para caminar hacia una república plurinacional, más confederal que federal.

Pero esa estrategia sólo puede funcionar si conserva legitimidad y capacidad de movilizar a la izquierda. Si el electorado percibe simplemente corrupción, agotamiento y bloqueo, la apelación plebiscitaria puede volverse contra él y acabar liquidando también al mismo partido socialista. Por ello los concejales y alcaldes socialistas aborrecen el escenario de un “superdomingo” electoral que funda las elecciones municipales y autonómicas con las legislativas, pues saben que hoy la marca “Sánchez” es tóxica.

La tercera alternativa es plantear una cuestión de confianza que se gana por mayoría simple, lo que la hace más accesible que una investidura o una moción de censura. Sería una fórmula audaz, pero peligrosa. Por una parte, le permitiría obligar a sus socios a pronunciarse: o sostienen al Gobierno, o asumen la responsabilidad de abrir la puerta a una crisis mayor. Sin embargo, precisamente por eso parece poco probable pues bastaría con la abstención del PNV o Junts para perderla. Y si se pierde, el presidente debe dimitir. Sánchez sólo la plantearía si tuviera previamente atados los votos o las abstenciones necesarias. Y no parece que el PNV o Junts estén hoy dispuestos a afianzar al sanchismo.

La cuarta alternativa es una moción de censura de la oposición que, como sabemos, debe ser constructiva: no basta con derribar al presidente, hay que proponer otro. El PP podría presentarla, pero necesita apoyos de los que hoy no dispone. PP y Vox no suman por sí solos. Necesitarían al PNV, a Junts o a otros partidos que, por razones ideológicas y territoriales, difícilmente aceptarían aparecer como socios de una operación que llevara a Feijóo a La Moncloa con el respaldo de Vox. Por eso el PP tiene un dilema: si presenta la moción y la pierde, puede reforzar a Sánchez; si no la presenta, puede parecer incapaz de convertir la indignación en alternativa y fortalecer a la extrema derecha de Vox, como está ya ocurriendo.

La quinta posibilidad es una moción de censura instrumental. Sería una moción no pensada para gobernar, sino para investir a un candidato de transición que convocara elecciones de inmediato. Es técnicamente posible, pero políticamente complicada. Requiere un candidato aceptable para PP, Vox, PNV y Junts, o al menos para una mayoría absoluta heterogénea, candidato que podría no ser Feijoo. Requiere, además, que los nacionalistas acepten el coste de votar una censura junto a Vox. Ese coste hoy parece elevado. Pero no es imposible que aumente el coste inverso: seguir sosteniendo a Sánchez. Si la crisis judicial se agravara mucho, PNV o Junts podrían llegar a considerar que la moción instrumental es el modo menos malo de forzar elecciones sin regalar a Feijóo una legislatura.

La sexta alternativa, menos comentada pero constitucionalmente posible, sería un relevo interno en el PSOE. Sánchez podría dimitir y permitir que el Rey abriera consultas para intentar una nueva investidura, quizá de otro socialista. Esta hipótesis parece hoy remota, porque el PSOE está fuertemente organizado en torno a Sánchez y porque ningún sucesor tendría garantizada la mayoría. Pero si el deterioro afectara no sólo al Gobierno sino a la supervivencia electoral del PSOE, algunos sectores del partido podrían empezar a pensar en preservar la marca separándola del líder. De momento, no parece que esa dinámica esté madura.

III. Pronóstico

Sánchez intentará resistir. Es lo más coherente con su biografía política y con su modo de ejercer el poder. Su instinto no es retirarse, sino convertir cada ataque en una nueva batalla de legitimidad. Intentará ganar tiempo hasta el verano, encapsular los casos en personas concretas, insistir en la presunción de inocencia, separar la responsabilidad penal individual de la responsabilidad política del Gobierno, articular una narrativa entorno a la “conspiración” o el “contubernio”, exhibir datos económicos favorables y obligar a sus socios a elegir entre él y una alternativa PP-Vox.

En todo caso el primer interrogante (imposible de precisar) es la posibilidad de que el propio Pedro Sánchez pueda ser llamado como testigo en el caso de Leire Díez o, peor aún, su imputación, que exigiría pedir el suplicatorio al Congreso, petición de aún más incierto resultado jurídico o político. Estamos transitando por caminos jamás recorridos por la democracia española.

Pero el punto decisivo no estará sólo en los tribunales, sino en los socios. Si el PNV y Junts se limitan a criticar, Sánchez puede aguantar. Si bloquean presupuestos y leyes, podrá seguir, pero ya en modo de pura supervivencia. Si anuncian que no convalidarán decretos relevantes, la gobernabilidad quedará muy dañada. Y si plantean de manera creíble que apoyarán una moción instrumental para convocar elecciones, Sánchez perderá la iniciativa y en ese caso tendría que escoger entre disolver él antes de que se registre la moción, o exponerse a que otro presidente, aunque sea provisional, convoque las elecciones.

El PNV tiene incentivos para marcar distancia, pero no necesariamente para derribar a Sánchez junto a Vox. Su posición más probable es exigir elecciones, denunciar el agotamiento de la legislatura y evitar aparecer como soporte incondicional del PSOE, pero sin cruzar todavía la línea de una moción de censura. Junts tiene incentivos para endurecer el tono, porque compite con ERC y Alianza Catalana y necesita demostrar que su apoyo no es gratuito; pero tampoco le conviene regalar a la derecha española una victoria demasiado clara si eso lo deja sin capacidad de influencia. Ambos partidos pueden preferir empujar a Sánchez a convocar antes que asumir ellos el coste de derribarlo.

El PP, por su parte, debe decidir si espera o actúa. Esperar tiene una ventaja: deja que la crisis erosione al Gobierno sin asumir riesgos. Pero tiene un peligro: que Vox capitalice la impaciencia de la derecha y acuse a Feijóo de falta de coraje. Presentar una moción de censura, incluso destinada a perder, podría servir al PP para escenificar una alternativa. Pero si fracasa, Sánchez la utilizaría como prueba de que la oposición no tiene mayoría y de que todo el ruido carece de salida parlamentaria.

En suma, tres escenarios. El primero, y todavía más probable, es una resistencia de Sánchez durante varios meses, con una legislatura políticamente muy deteriorada pero formalmente viva. El segundo es una convocatoria electoral en otoño si la presión judicial aumenta, los socios bloquean la acción de gobierno y las encuestas permiten al PSOE al menos disputar el resultado. El tercero, menos probable pero no descartable, es una crisis súbita provocada por una nueva actuación judicial de gran impacto o por una amenaza coordinada del PNV y Junts de apoyar una moción instrumental.

La clave será la velocidad de la erosión. Si el deterioro avanza lentamente, Sánchez resistirá. El PNV y Junts han marcado reiteradamente su línea roja: una financiación ilegal del Partido Socialista. Y el caso Leire se mueve ya en el borde de esa línea roja: una organización financiada por el PSOE y dirigida por su secretario general para anular procesos judiciales o investigaciones peligrosas. Y una organización de la que se sospecha que podría haber sido conocida por el presidente. Si se produce ese salto cualitativo —una imputación especialmente grave, una ruptura parlamentaria formal, una condena relevante o una retirada explícita de apoyo por parte del PNV o Junts—, la legislatura puede entrar en fase terminal. En ese momento, Sánchez intentará conservar el control del calendario convocando él.

IV. Una exigencia

Sánchez aún puede aguantar, pero ya no domina plenamente el escenario. La Constitución le permite resistir pero la política puede acabar obligándole a elegir entre convocar conservando la iniciativa o ser arrastrado a una convocatoria desde la debilidad. El desenlace no dependerá sólo de la gravedad jurídica de los casos, sino de algo más intangible y quizá más decisivo: cuándo sus socios, su partido y una parte suficiente de la opinión pública lleguen a la conclusión de que la continuidad del Gobierno ya no estabiliza nada, sino que prolonga el deterioro.

Pero a estas alturas es evidente —y así lo solicita más del 70% de los ciudadanos— que el único camino para salir de esta situación de sospecha generalizada es la convocatoria de elecciones devolviendo la voz al electorado y reseteando la legitimidad política. Ignoramos cuál pueda ser el futuro del “sanchismo” y la consideración que merecerá en los libros de historia; si será evaluado como una suerte de aventureros osados que, tras hacerse con el control del partido socialista y, desde esa palanca —con el control del Gobierno de la nación y del Parlamento— del mismo Estado, o como un gobierno más con un trágico final salpicado de escándalos. De lo que caben pocas dudas es de que, por fortuna, instituciones situadas en vanguardia de la defensa del Estado de Derecho, como la judicatura y los órganos de la Guardia Civil encargados de colaborar con ella están siguiendo al pie de la letra las funciones que tienen constitucionalmente encomendadas.

En todo caso, el daño que ha hecho y está haciendo a España, a la credibilidad institucional interna, a la legitimidad de la política y los políticos, a la reputación internacional, y a la misma democracia, es inmenso.