NUCLEARES

¿NUCLEARES SÍ?

PRIMERA PARTE

En 1958, Isaac Asimov, uno de mis grandes referentes en la divulgación, mostraba las dos caras de la energía nuclear en un relato breve titulado "Asnos estúpidos·. Para Asimov, el dominio de la energía nuclear era un síntoma de madurez como civilización. Sin embargo, el uso militar de la energía nuclear demostraba la estupidez de la especie humana y su inmadurez como especie. Este gran divulgador se adelantó al movimiento ecologista, el cual tuvo varios orígenes, aunque no consiguió obtener relevancia mundial hasta 1971, cuando un grupo de activistas canadienses se embarcó a bordo de un viejo pesquero para protestar contra las pruebas nucleares que Estados Unidos estaba realizando en Alaska. La acción no impidió las pruebas, pero la cobertura mediática de su acción derivó en el abandono de las pruebas por parte de EE. UU.

Fue el germen de Greenpeace, una organización que nació en 1971 y que alcanzó cariz internacional con la convergencia de varias secciones regionales de Norteamérica y Europa en 1979. Así pues, la principal organización ecologista internacional tuvo su origen en la oposición al uso militar de la energía nuclear, aunque a diferencia de Asimov, posteriormente incluyó entre sus principios la oposición a la energía nuclear pacífica (entre otras cosas, protestando contra centrales nucleares y también contra reactores experimentales para, por ejemplo, uso médico) .

Los ecologistas antinucleares

El movimiento ecologista, que suelo adjetivar como «tradicional» (en contraposición al ecomodernismo, al que me refiero más adelante), ha basado históricamente su oposición a la energía nuclear civil en la utilización del miedo como argumento. Las referencias a Chernóbil y Fukushima son constantes. Si un accidente sirviera para invalidar una tecnología, haríamos muy pocas cosas en la vida, ni siquiera ducharnos o utilizar un cuchillo para cocinar. Los ecologistas tradicionales también suelen hablar con frecuencia del riesgo de los residuos radiactivos, cuando en Estados Unidos, el país con más centrales nucleares, nunca se ha registrado una sola muerte relacionada con estos residuos. Es importante señalar que no son residuos inocuos, sino que cuando su manejo se realiza con seguridad no representan un riesgo significativo para las personas ni para el medioambiente.

Otro mantra repetido hasta la saciedad es que las centrales nucleares contaminan radiactivamente su entorno, supuestamente aumentando el riesgo de cáncer y afectando a la fauna y la flora. Y basándose en este mantra, a veces llega información errónea al público o algunas organizaciones utilizan golpes de efecto con tal objetivo. Por ejemplo, en 2002 la organización Ecologistas en Acción anunció la aparición de un pez con graves alteraciones genéticas en las cercanías de la central nuclear de Garoña (Burgos, España). Uno de sus portavoces aseguró que dos biólogos alemanes habían encontrado un pez con mutaciones atribuidas a la contaminación nuclear de las aguas, llegando a implicar a la revista científica Science. Esta información se conoció en los medios de comunicación a través de las agencias y fue ampliamente publicada. Días más tarde, el montaje fue admitido por el mismo portavoz de la organización ecologista, indicando que «habíamos tratado el asunto en varias reuniones y decidimos que sería un buen golpe de efecto difundir esta información y desmentirla unos días después, probablemente coincidiendo con la marcha contra la central de Garoña, prevista para el próximo domingo».

En ocasiones, no es un caso particular la falta de rigor científico de las organizaciones ecologistas tradicionales cuando se oponen a la energía nuclear. No es la primera vez que, en otros ámbitos, organizaciones como Greenpeace reciben graves acusaciones por la aparente falta de rigor científico en otras causas. Sin ir más lejos, y por poner un ejemplo, es ya famosa la oposición de Greenpeace, quienes apoyan los cultivos ecológicos, a los alimentos transgénicos debido a los pesticidas. Sin embargo, son considerados seguros por la comunidad científica.

Es más, en 2016 más de un centenar de premios Nobel y miles de científicos de todo el mundo firmaron una carta abierta acusando a esta organización ecologista de oponerse a los alimentos transgénicos, especialmente al arroz dorado, cuando este arroz es una variante creada en 1999 con genes modificados para producir un precursor de la vitamina A. Los datos están ahí: la Organización Mundial de la Salud calcula que 250 millones de personas sufren de la carencia de esta vitamina (de los cuales el 40 % son niños), aumentando el riesgo de padecer ceguera. Entre 250.000 y 500.000 niños se quedan ciegos cada año por falta de la vitamina A y la mitad de ellos mueren en el año siguiente a la pérdida de visión.

Por ello, en mi opinión, es cuestión de tiempo que ciertas organizaciones reciban una misiva similar por su oposición a la energía nuclear, que no está exenta de riesgos, pero que siempre son menores que los de su principal alternativa: los combustibles fósiles.

Verdes pronucleares

Finlandia está siendo muy castigada por el calentamiento global, porque su temperatura media está subiendo más rápidamente que en cualquier otro lugar del mundo. Quizás por eso los fineses saben que necesitan la energía nuclear, y el apoyo político a esta es manifiesto. Por su lado, el Partido Verde finés es todavía oficialmente antinuclear, probablemente por tradición. De hecho, el país se ha comprometido a dejar de utilizar carbón en 2030 y su amplio uso de la biomasa (quemar materia orgánica) es muy controvertido, porque causa efectos en la salud en los espacios cerrados.

Finlandia tiene cuatro reactores nucleares en funcionamiento que suministran el 34 % de la electricidad del país. Una quinta unidad, Olkiluoto 3, está terminándose de construir, aunque con retrasos y sobrecostes, y una sexta unidad está planificada. Además, Finlandia está construyendo Onkalo, un almacén geológico, a 400 metros de profundidad, de residuos radiactivos de alto nivel de actividad (combustible usado). La solicitud de licencia de funcionamiento está prevista en 2020, con entrada en servicio prevista en 2023.

Atte Harjanne, del Instituto Meteorológico de Finlandia y miembro del Partido Verde, es conocido como un gran defensor de todas las alternativas de reducción de emisiones y propone junto a otros compañeros que el Partido Verde ponga fin a su oposición oficial a la energía nuclear. Según Harjanne, «la energía nuclear es una excelente manera de producir calor y electricidad con emisiones e impacto ambiental notablemente bajos en relación con la energía producida. Juntas, las energías eólica, hidráulica y nuclear pueden formar la base de un sistema energético descarbonizado. Excluir a la nuclear de la «caja de herramientas» es absurdo y el desmantelamiento prematuro de centrales nucleares es una política climática terrible».

Para Harjanne, «la ciencia defiende el papel de la energía nuclear como parte importante del mix energético. No obstante, la resistencia que manifiestan la mayor parte de los políticos a mostrarse partidarios no es, a menudo, consecuencia exclusiva de un conocimiento insuficiente. La predisposición a aceptar nuevos conocimientos está supeditada también a actitudes e intereses políticos». En definitiva, Atte Harjanne defiende el uso de la ciencia para solucionar los problemas de la humanidad.

En 2017, un grupo importante de miembros del Partido Verde de Finlandia publicó un manifiesto en el que establecían claramente que «vamos muy tarde en nuestros esfuerzos para parar el cambio climático y ya no tenemos el lujo de poder elegir entre energía nuclear y energías renovables». Finlandia es el único país del mundo con una sección propia dentro del movimiento ecomodernista.

¿Qué es el ecomodernismo?

El ecomodernismo (también llamado «ecopragmatismo») postula que la tecnología y la innovación son nuestras aliadas para desacoplar el inevitable desarrollo económico y social del impacto ambiental negativo que suele llevar asociado. Para este movimiento, la tecnología puede permitirnos mitigar el calentamiento global al mismo tiempo que proteger el planeta y reducir la pobreza. En esa línea, el ecomodernismo promueve la urbanización, la agricultura intensiva (incluyendo los transgénicos), la acuicultura (crianza de especies acuáticas vegetales y animales), la desalinización, recursos renovables y la energía nuclear, entre otras.

El manifiesto ecomodernista, escrito por un grupo de académicos, científicos, activistas y ciudadanos, que se publicó en 2015, dice:

La fisión nuclear representa la única tecnología baja en emisiones de carbono del presente con la capacidad demostrada de proveer la mayoría, si no la totalidad, de la energía que demanda una economía moderna. No obstante, una variedad de retos sociales, económicos e institucionales hacen improbable que se instalen reactores nucleares en la escala que sería necesaria para mitigar el cambio climático. Una nueva generación de tecnologías más seguras y baratas será sin duda necesaria para que la energía nuclear despliegue con plenitud su potencial como medio apto para mitigar el cambio climático.

Los ecomodernistas consideran que la energía nuclear deberá trabajar conjuntamente con todas las energías bajas en emisiones, como la nueva generación de paneles solares, las centrales hidroeléctricas, y que será necesario desarrollar tecnologías de captura de carbono, en lugar de seguir quemando combustibles fósiles y biomasa.

Conclusión

En mi opinión, el movimiento ecologista tradicional no realizó en su momento la necesaria separación entre los usos militares y pacíficos de la energía nuclear, como claramente sí hizo Isaac Asimov en su relato del principio de este artículo. ¿Cuál es el verdadero motivo? Sinceramente, lo desconozco con certeza y prefiero no especular. Sin embargo, nuevas voces dentro del ecologismo están empezando a considerar la energía nuclear como una herramienta necesaria, junto con las renovables, para mitigar el calentamiento global.

Bajo mi punto de vista, el movimiento ecomodernista es una evolución del movimiento ecologista tradicional, que intenta separar el inevitable desarrollo económico mundial del daño que estamos causando al planeta, y para ello abraza la ciencia y la tecnología. Mi intención, de hecho, es proveer de datos y de mi visión de las cosas para que se puedan contrastar con otras fuentes y formarse una propia opinión.

La controvertida España nuclear

España ha tenido siempre una relación controvertida con la energía nuclear, un sector industrial que ha sido utilizado reiteradamente como arma electoral y que al mismo tiempo se ha mantenido durante diez años consecutivos (2010-2019) como la principal fuente de electricidad del país, proporcionando, según Red Eléctrica, en torno al 22 % de la electricidad que consumimos, y además baja en emisiones de carbono.

En contra de lo que muchas personas piensan, la mayor parte del capital necesario para construir los reactores nucleares españoles fue de origen privado, como Zorita y Garoña, Almaraz, Cofrentes y Trillo. El resto de las centrales tuvieron como propietarias empresas públicas y privadas, no siendo ninguna central totalmente pública. Aunque en la actualidad son todas totalmente privadas. Hagamos un poco de historia.

Breve historia nuclear española

Entre los años 1968 y 1972 entraron en funcionamiento las tres primeras centrales nucleares españolas, José Cabrera (Guadalajara), Santa María de Garoña (Burgos) y Vandellós I (Tarragona). Tras la crisis del petróleo de 1973, España se embarcó en un ambicioso programa de construcción de centrales nucleares. El plan inicial contemplaba la construcción de 24 reactores, aunque finalmente el Plan Energético Nacional de 1978 redujo ese número a 12.

Para la consecución de este plan se promovió una fuerte inversión en desarrollo industrial, que condujo a la creación de industrias de bienes de equipo, de fabricación de combustible nuclear y servicios relacionados. Las principales empresas de ingeniería del país experimentaron un gran crecimiento durante el desarrollo de los proyectos, fruto de la colaboración con ingenierías extranjeras. Con el objetivo de dar el soporte regulatorio necesario, en 1980 se creó el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), como organismo independiente encargado de velar por el funcionamiento seguro de las instalaciones nucleares y radiactivas.

La moratoria nuclear

Moratoria nuclear no es el nombre de un personaje de ciencia ficción o de una serie del espacio. De hecho, es como se denomina a la suspensión (temporal) del desarrollo de políticas de construcción y puesta en marcha de centrales nucleares.

Cuando el PSOE ganó las elecciones en 1982, España tenía un programa nuclear muy establecido, con varios reactores en funcionamiento (Zorita, Garoña, Vandellós I, Almaraz I), otros en un estado muy avanzado de construcción (Almaraz II, Ascó I y II, Vandellós II, Trillo, Cofrentes, Lemóniz I y II, y Valdecaballeros I y II) y varios en proyecto. El plan de energía nuclear aprobado por el anterior gobierno de la UCD contemplaba 12.500 MW nucleares (más de 12 reactores) para 1990, con posibilidad de ampliarlo más adelante. De hecho, Regodola (Lugo) y Vandellós III (Tarragona) estaban en fase de estudio previo para que les fuera concedida la licencia de construcción.

El programa del PSOE contemplaba una capacidad total nuclear de 7500 MW para 1990 (un reactor nuclear de la época tenía unos 1000 MW), así que el compromiso político era el de parar el programa nuclear, algo que entra en conflicto con un supuesto rescate financiero del que hablaré más adelante. Lemóniz I estaba terminada, y Lemóniz II y Valdecaballeros I estaban muy avanzadas, mucho más que Trillo y Vandellós II, así que no necesitaban grandes inversiones para empezar a funcionar.

La organización terrorista ETA perpetró varios atentados en la central nuclear de Lemóniz I: explosión de una bomba en 1978 que causó la muerte de dos operarios (Alberto Negro y Andrés Guerra) y 14 heridos, una segunda bomba en 1979 que mató a otro obrero (Ángel Baños), y en 1981 secuestró y asesinó al ingeniero jefe de la central, José María Ryan. Un año después, Ángel Pascual Mújica, director de la sociedad público-privada creada para relanzar el proyecto, también fue asesinado. El PSOE paró el programa nuclear por ideología (cumpliendo su programa electoral) y decidió paralizar la construcción de Lemóniz por los atentados de ETA y Valdecaballeros por la oposición frontal de la Junta de Extremadura, que también era socialista.

Debido a la paralización de los proyectos, algunos casi finalizados, los propietarios exigieron al gobierno una compensación económica por revocar los permisos una vez realizadas las inversiones. La moratoria nuclear se consolidó formalmente en 1994 con la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico. En 1996 el Gobierno del Partido Popular (PP) aprobó que las empresas eléctricas propietarias de las centrales cobrasen una cuota a través de la factura eléctrica para recuperar las inversiones perdidas, que se terminó de pagar en 2016.

Aunque se pueda considerar que el pago de la moratoria nuclear fue un rescate a las eléctricas, que ciertamente estaban pasando una difícil situación económica por la falta de productividad de unos activos, en mi opinión los hechos que he explicado son incontestables: no fue un rescate, sino una compensación por cambiar las reglas del juego sobre la marcha por motivos ideológicos y políticos.

¿Política antinuclear?

Durante todos estos años, los partidos políticos españoles han mantenido una relación llena de contradicciones con la energía nuclear. En la actualidad, ningún partido se ha mostrado claramente a favor de la energía nuclear, considero que por miedo a perder votos, como en el caso del PP. Otros partidos, como el PSOE y Podemos, han mantenido siempre en su programa electoral el cierre de las centrales nucleares. Sin ir más lejos, el cierre de Garoña es un ejemplo de la errática política nuclear española de los últimos años.

Todo partió de una promesa electoral del PSOE en las Elecciones Generales de 2008: el cierre de la central nuclear de Garoña en 2011. La tragicomedia posterior fue un intrincado batiburrillo de informes del CSN, solicitudes de Nuclenor (la empresa propietaria de Garoña participada al 50 % por Iberdrola y Endesa), decretos reales, aumento de impuestos al combustible usado, necesidades de inversión en seguridad y parada de la central en 2012. El fin de todo el proceso tuvo lugar en febrero de 2017, cuando el CSN aprobó la reapertura de Garoña siempre que cumpliera con unas inversiones de seguridad para equipararla al resto de las centrales españolas.

Un mes más tarde, Iberdrola comunicó que no tenía intención de realizar las inversiones en seguridad y que prefería cerrar la central, a diferencia de Endesa, que estaba de acuerdo con realizarlas. Unos días antes de expirar el plazo para la negociación, el Gobierno del PP decidió el cierre definitivo de Garoña. Los trabajadores, que sufrieron un largo proceso lleno de incertidumbres, tuvieron que acogerse a prejubilaciones voluntarias y traslados a otras centrales nucleares españolas, donde afortunadamente se les acogió con condiciones laborales similares. En conclusión, el PSOE, que fue el partido claramente antinuclear que prometió el cierre de Garoña, no fue quien tomó finalmente la decisión, sino que fue el PP, que aparentemente plantea una postura más ecléctica, sin estar claramente a favor de la energía nuclear. Una muestra más de la contradictoria política nuclear española.

Almacén temporal de residuos radiactivos

Este es otro capítulo de la historia nuclear digno de una serie de televisión de intriga, porque no menos intrincada es la historia del denominado almacén temporal de residuos radiactivos (ATC) para guardar durante al menos cincuenta años el combustible usado de todas las centrales nucleares españolas. En 2004 el Congreso de los Diputados instó al Gobierno, por unanimidad, a que desarrollase los criterios necesarios para llevar a cabo el ATC y finalizarlo antes de 2011. Uno de los principales objetivos era traer a España los residuos radiactivos de Vandellós I que están almacenados en Francia, pues aparentemente nos están costando una enorme cantidad de dinero cada día.

Conozcamos la historia con algo más de detalle. España envió a Francia el combustible usado de la central nuclear de Vandellós I como parte del contrato de instalación, básicamente por las características del combustible de este tipo de reactores (UNGG), que impide almacenarlo mucho tiempo en piscinas. En Francia se realizó el reprocesamiento para reciclar el combustible, es decir, extraer el plutonio y el uranio para reaprovecharlo en reactores franceses en forma de combustible MOX y uranio reprocesado (RepU), que de momento se almacena como reserva.

A Francia se enviaron un total de 1022 toneladas de combustible usado; el material pendiente de devolver son concretamente 17 m³ vitrificados y acondicionados en 92 cápsulas de acero inoxidable. Originalmente estos residuos debían volver antes de finales de 2010. Tras múltiples controversias políticas, se terminó incumpliendo el plazo y se acordó con Francia retrasar la entrega hasta 2017, y posteriormente hasta 2020.

¿Qué pasó? Se acordó que Areva aplicaría una penalización por los retrasos, una cantidad que debe ser devuelta deduciéndole los costes de almacenamiento. La cifra exacta de esa penalización es de 74.603,14 euros diarios. Es importante insistir en que la penalización será devuelta cuando retornen los residuos, descontando el coste de almacenamiento, una cifra que a inicios de 2017 ascendía a 1.626.000 euros. El coste va a cargo del fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR). Podemos considerar que la penalización es una fianza.

Sin embargo, el ATC sigue sin construirse por diversas controversias políticas y judiciales, incluyendo un intento de recalificación de terrenos como reserva natural, anulado por los tribunales. Es decir, que una solicitud unánime al Gobierno por parte de todos los diputados del Congreso (representantes de los ciudadanos) en 2004 sigue sin llevarse a cabo hoy por hoy ¿Alguien habló de coherencia y responsabilidad?

Transición energética y cierre nuclear

El Gobierno del Partido Popular creó en 2017 una Comisión de Expertos de Transición Energética, formada por 14 expertos independientes y de reconocido prestigio en el ámbito de la energía propuestos por los diferentes partidos políticos, los interlocutores sociales y las organizaciones empresariales. La principal conclusión de esta comisión respecto a la energía nuclear en España fue que, si extrajéramos en 2030 los 7000 MW aportados por las nucleares, el precio de la electricidad para los consumidores subiría un 20 % y el nivel de emisiones de dióxido de carbono aumentaría entre un 88 % y un 117 %, dependiendo del escenario concreto. El principal motivo es que la potencia constante nuclear sería sustituida por gas natural.

La Comisión de Expertos habló también sobre un aspecto poco destacado en los debates sobre la conveniencia de la energía nuclear: su contribución a la garantía de suministro eléctrico, indicando que «la contribución de los generadores nucleares al funcionamiento seguro del sistema eléctrico es de gran relevancia, dado su tamaño y ubicación en nudos importantes de este. Así, considerando su alto índice de disponibilidad, su aportación de inercia, capacidad de regular la tensión y la frecuencia, y en caso necesario, también para reducir su potencia, los convierte en instrumentos muy valiosos para la garantía de suministro».

Al llegar el PSOE al poder en 2018, ignoró las conclusiones de la Comisión de Expertos y diseñó su propia versión de la transición energética, negociando con las empresas propietarias de las centrales nucleares su cierre progresivo y que, de hecho, supone un alargamiento de la vida útil de las centrales por encima de los cuarenta años de vida de diseño. Este plan de cierre, no obstante, tiene una importante cláusula: el acuerdo debe ser revisado si no se cumplen los objetivos para garantizar potencia firme (que no sea variable, como la eólica y la solar), reduciendo las emisiones durante los años previos. En mi opinión, no se cumplirán dichos objetivos, porque las hidroeléctricas tienen poco margen de ampliación y las baterías no tendrán suficiente capacidad, así que el acuerdo parece más un aplazamiento de la decisión de cierre de las centrales que un cierre programado. Es decir, una forma de intentar contentar a todo el mundo.

El precio de la electricidad continúa marcando récords y, en este contexto, parece que la energía nuclear podría ser una solución para conseguir una rebaja en la factura de la luz. Sin embargo, el Gobierno sigue penalizando fiscalmente a las escasas centrales nucleares que existen en España. En este sentido, el Foro de la Industria Nuclear Española ha rechazado el proyecto de Ley por el que se actúa sobre la retribución del CO₂ no emitido del mercado eléctrico y considera que «este proyecto de Ley no debe aplicarse sobre la energía nuclear» y que en los términos en los que está planteado, unido a la excesiva presión fiscal actual, «abocaría al cese de la actividad de todo el parque nuclear».

Centrales nucleares en España

Actualmente, en España hay siete reactores nucleares operativos: Almaraz I y II, Ascó I y II, Cofrentes, Trillo y Vandellós II. Estos generaron durante el pasado año más de una quinta parte de la electricidad consumida. En 2020, las centrales nucleares españolas han conseguido producir 55.761,9 GWh. Con esta cifra, la energía nuclear se situó nuevamente como la tecnología que mayor producción neta ha aportado en el sistema eléctrico español, con el 22,18% del total. Según datos de Red Eléctrica de España (REE), la energía nuclear lleva 10 años consecutivos liderando la producción de energía en España, concretamente, desde 2011. Además, también ha sido la que más emisiones contaminantes ha evitado, afirman desde el Foro Nuclear.

La nuclear ha sido, igualmente, la tecnología que más horas ha operado, a pesar de que a lo largo de 2020 se han realizado cuatro paradas de recarga de combustible en Almaraz I, Ascó I y II y Trillo �más largas de lo habitual, al tener en cuenta las estrictas medidas de seguridad sanitarias por el Covid-19-.

Si en los próximos años no se toma una decisión puramente populista, las centrales nucleares españolas seguirán funcionando al menos dos décadas más porque son y serán necesarias para garantizar el suministro eléctrico durante la imprescindible descarbonización de nuestra economía. Debería tratarse de una cuestión de Estado, de interés general y basada en la Ciencia, no en la ideología.