MEMORIA HISTORICA: EL 11-M

MEMORIA HISTORICA: EL 11-M

El año 2003 concluyó en España con un gobierno del PP presidido por Aznar plenamente consolidado y con perspectivas de obtener una holgada mayoría, posiblemente absoluta, en las elecciones de 2004. En medio de ese panorama general, sólo aparecía un punto de discrepancia en Cataluña, región donde se había producido un cambio político esencial. Tras la firma del Pacto de Estella suscrito entre el PNV y ETA, se formó una coalición que concluyó en la formación de un gobierno nacional socialista en Cataluña sobre la base de los diputados del PSC, de ICV y de ERC, un partido abiertamente independentista. El nuevo gobierno nacional-socialista, presidido por Pascual Maragall, acababa con décadas de pujolismo y, partiendo de esa base, despertó en algunos una tibia esperanza de que tuviera lugar una más que necesaria higienización de la vida política catalana. Lo cierto, sin embargo, es que ésta nunca se produjo y, por añadidura, desde el primer momento, el nuevo gobierno catalán demostró un aliento liberticida, como crear el 20 de diciembre de 2005, el CAC, un comité audiovisual que puede imponer sanciones económicas y cierres preventivos de emisoras por decisión política y sin que intervenga con anterioridad un juez.

No puede sorprender, por lo tanto, que las críticas más duras contra Maragall y el gobierno nacional-socialista de Cataluña procedieran de los organismos internacionales de defensa de la libertad de prensa. El Comité Mundial de Libertad de Prensa (WPFC) afirmaría, por ejemplo, que «El CAC utiliza un mandato arbitrario para intentar censurar y silenciar las opiniones de toda una red radiofónica», que «es injustificable que un órgano estatal sea el árbitro del comportamiento de un medio de comunicación» o que «no se recuerda en España algo parecido desde los órganos censores franquistas», por lo que instó «al Parlament y a la Generalitat a tomar las medidas oportunas para desmantelar cuanto antes el CAC, adhiriéndose a las normas internacionales de libertad de expresión y prensa».

De manera semejante, el 24 de enero de 2006, el eurodiputado Luis Herrero depositaría más de setecientas mil firmas en la sede del Parlamento Europeo protestando por las actividades del CAC. Todo aquello estaba en el futuro en 2003 y, a la sazón, lo más definitorio del gobierno nacional-socialista catalán era su deseo de desbordar el ámbito legal de la Constitución desalojando al PP de la vida pública y estableciendo pactos incluso con la banda terrorista ETA. Poco después ETA declaró una tregua que afectaba únicamente a Cataluña. Semejante acción tuvo una consecuencia inmediata sobre la política nacional y más teniendo en cuenta que Rodríguez Zapatero, por aquel entonces candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, no desautorizó a Maragall ni le exigió que ERC, el partido de Carod, saliera del gobierno catalán.

La conducta de Rodríguez Zapatero, totalmente desprovista de escrúpulos morales, presentaba, sin embargo, un flanco débil y es que, a partir de ese momento, cualquier atentado de ETA podía tener un efecto especialmente negativo sobre el PSOE. No podía ser de otra manera en la medida en que la sección catalana del partido gobernaba en coalición con ERC que había llegado a un acuerdo con los terroristas vascos sin ser objeto de ninguna desautorización. No es menos cierto que no eran los únicos contactos que, a la sazón, mantenía el partido socialista con ETA. De hecho, el socialista Jesús Eguiguren había mantenido conversaciones con miembros de la banda terrorista de manera continua que ni siquiera se habían interrumpido cuando ETA había asesinado a militantes socialistas.

Por enésima vez, los intereses del partido se veían colocados por encima de principios morales elementales. Los éxitos del gobierno de Aznar —especialmente en materia económica—, la escasa consistencia de Rodríguez Zapatero, el candidato socialista a La Moncloa, y los pasos que había dado el gobierno nacional-socialista en Cataluña hacia un pacto con la misma ETA llevaban a prever a la práctica totalidad de los analistas políticos una holgada victoria del PP en las elecciones del 14 de marzo de 2004. Ese análisis era aceptado hasta por los periodistas que eran correas de transmisión del PSOE. Ni que decir tiene que, por supuesto, mientras ante las cámaras realizaban su labor propagandística, en el exterior del estudio reconocían apesadumbrados que «la cosa está muy jodía» para Zapatero. Y así se llegó al 11 de marzo.

Aquel 11 de marzo de 2004, a las 7.37 de la mañana, habían estallado cuatro trenes en Madrid. De manera inmediata, se produjeron las primeras llamadas de auxilio en los teléfonos de Emergencias Madrid, la policía municipal y el SAMUR. Agustín Díaz de Mera, director general de la policía, y Pedro Díaz-Pintado, subdirector general operativo, recibieron la noticia cuando se encontraban en el aeropuerto a punto de subir a un avión con destino a Asturias. Algo semejante sucedió con Jesús de la Morena, comisario general de información, que iba a tomar un vuelo hacia París. Rápidamente, el director gerente del 112 avisó a Alfredo Prada, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, que a su vez comunicó los hechos a la presidenta Esperanza Aguirre. Por su parte, Agustín Díaz de Mera se comunicó con Acebes, ministro del Interior, que avisó al presidente del Gobierno José María Aznar. El CNI se puso en contacto con el ministro de Defensa, Federico Trillo, que ordenó la puesta en funcionamiento del dispositivo de alerta del ejército. Por su parte, Aznar comunicaba al rey lo sucedido. En torno a las 7.50, los medios de comunicación comenzaron a dar las primeras informaciones sobre la explosión en Atocha. Se sabría que también se habían producido explosiones en Santa Eugenia y El Pozo.

A las 8.05, mientras el comisario jefe de los Tedax, Sánchez Manzano, llegaba a Atocha, Iñaki Gabilondo, desde los micrófonos de la cadena SER atribuía el atentado a ETA condenándolo. Gabilondo actuaba en esos momentos de manera correcta y hacía, ni más ni menos, lo que estaban haciendo los demás medios de comunicación. Entre las 8.15 y las 8.30, llegaron a Atocha Esperanza Aguirre, Ruiz-Gallardón y Álvarez-Cascos. Precisamente, a esa última hora, Ruiz-Gallardón recibió una llamada del lehendakari Ibarreche que le comunicó su vergüenza porque semejante matanza la hubieran perpetrado unos vascos. También durante aquellos minutos, los Tedax encontraron en Atocha una bomba sin explotar y ordenaron evacuar la estación. El policía municipal Jacobo Barrero localizó otro artefacto similar en uno de los vagones de El Pozo y lo colocó en el andén. A esas alturas se iniciaban formalmente las diligencias en la Brigada Provincial de Información de Madrid y el ayuntamiento ponía en funcionamiento un hospital de campaña frente a Atocha. A las 8.40 se informó del primer cómputo de muertos. Se trataba de una cifra provisional de quince que, por desgracia, fue creciendo en las siguientes horas. Apenas unos minutos después, mientras Aznar celebraba una reunión en La Moncloa con algunos de sus colaboradores y Acebes establecía su ausencia de llamadas de aviso, algo que, supuestamente, ETA no habría hecho nunca.

El aserto de Ana Terradillos era falso, aunque quizá haya que atribuirlo más a ignorancia que a mala fe. A las 8.50, Rodríguez Zapatero atribuía desde los micrófonos de la SER la matanza a la banda terrorista ETA y pedía la unidad de los partidos. A las 9, también Gaspar Llamazares, el coordinador de IU, condenó el atentado de ETA, una conducta que seguía a la misma hora el socialista Enrique Barón desde Bruselas. A esas alturas, el sentimiento mayoritario de los ciudadanos era de cólera ante semejante acción de ETA, una cólera susceptible de proporcionar aún más votos al PP —un partido que se había mostrado especialmente beligerante contra la banda terrorista— en las elecciones del día 14. Desde luego, la preocupación ante un descalabro del PSOE en los comicios se reflejó de manera inmediata y significativa. A las 9.10 ya fueron varios los que expresaron su opinión de que nadie debería cambiar su voto ni aprovecharse del atentado.

El mensaje lanzado desde la radio de PRISA resultaba más que obvio. La izquierda mediática estaba más que inquieta ante la posibilidad de que un atentado de ETA perjudicara al PSOE. No en vano, el gobierno nacional-socialista de Maragall había pactado con ETA y Rodríguez Zapatero no lo había desautorizado. De manera bien significativa de la astucia de unos y de la torpeza de otros, el socialista José Blanco lograba en esos momentos que el popular Gabriel Elorriaga aceptara suspender la campaña electoral. Sin duda, las referencias a un atentado de ETA en esos momentos podían ser letales electoralmente para el PSOE. A las 9.30, el lehendakari Ibarreche condenó públicamente en televisión el atentado de ETA. Un cuarto de hora después, casi al mismo tiempo que se hacía detonar la mochila encontrada por Jacobo Barrero en la estación de El Pozo, Aznar telefoneó al rey para comunicarle que iba a convocar una manifestación. A esas alturas, la cifra de muertos alcanzaba las sesenta y dos personas.

A las dos horas del atentado, la situación parecía meridianamente obvia. Existía una convicción generalizada de que la matanza la había ocasionado ETA. No sólo se multiplicaban las condenas procedentes de socialistas y nacionalistas, sino que desde la SER se pretendía minimizar el impacto que una tragedia de este tipo debía tener en contra de las fuerzas políticas mencionadas. El cambio iba a comenzar a realizarse al cabo de unos minutos y la SER desempeñaría un papel esencial en que tuviera lugar. Todavía a las 10, Joaquim Nadal manifestaba su condena de ETA por el atentado y los medios de comunicación difundían las palabras de condena de ETA pronunciadas por Ibarreche, Llamazares y Carod-Rovira, el nacionalista catalán que muy poco antes había ido a Perpiñán a pactar con los terroristas vascos. La misma cadena SER informaba de que, según fuentes policiales, ETA era la culpable de la matanza.

Antiguo componente de un comando de ETA y dirigente de Batasuna, el brazo civil de la organización terrorista, Otegui era el protagonista de las conversaciones secretas que en aquellos momentos se mantenían entre socialistas y batasunos, y que los ciudadanos, por supuesto, ignorábamos. Otegui, de manera tajante, afirmó que el atentado no había sido obra de ETA, sino de la «resistencia árabe». A las 10.50 lo hizo el Parlamento vasco —donde Sozialista Abertzaleak, sucesora de Batasuna, se ausentó para no suscribir la condena— pero también, entre las 11.45 y las 12.00, actuaron de la misma manera el socialista Rafael Simancas, la UGT, el nacionalista catalán Jordi Pujol y el nacionalista vasco Josu Jon Imaz. Todos ellos condenaron el atentado culpando del mismo a ETA. Por si fuera poco, aproximadamente a la misma hora, un miembro del Partido Socialista de Euskadi, Manuel Huertas, difundía la noticia de que simpatizantes de ETA habían arrojado octavillas en San Sebastián el día anterior instando a boicotear a Renfe.

A las 10.15, un portero de la calle Infantado de Alcalá, Luis Garrudo, había hablado con el presidente de la comunidad de vecinos para decirle que a las siete de la mañana había visto a tres sospechosos, cuyo aspecto era de gente de Europa del Este, deambulando en torno a una furgoneta aparcada en la calle. Un cuarto de hora después, el presidente de la comunidad telefoneó a la comisaría de policía de Alcalá de Henares para informar de lo que le había dicho Garrudo. Cinco minutos después, llegaron las primeras unidades policiales a la furgoneta de Alcalá en cuyo salpicadero hallaron una tarjeta. En paralelo, se habían ido produciendo diferentes acontecimientos relacionados con la furgoneta de Alcalá, la tristemente célebre Kangoo. A las 10.40, los policías de la Brigada Provincial de Información habían llegado para inspeccionarla concluyendo que era robada gracias a la matrícula.

A las 11.05, la Unidad Central de Desactivación de Explosivos de Canillas recibió la solicitud de enviar Tedax a revisar la furgoneta, pero todos estaban ocupados. A las 11.10, el inspector de policía científica de Alcalá procedía a optó por mandar perros adiestrados a examinar la furgoneta Kangoo. A las 11.45, el ministro Trillo celebró una reunión con miembros del CNI. En el curso de la misma, el director del Centro Nacional de Inteligencia informó al ministro de que los culpables del atentado probablemente eran miembros de la organización terrorista ETA. La tesis de Dezcallar resultaba unánime en esos momentos —con la excepción de las declaraciones de Otegui— en el sentido de atribuir el atentado a ETA. De hecho, a las 12, los sindicatos SUP y AUGC y la Conferencia Episcopal condenaron a la banda terrorista vasca por los hechos. Incluso la cadena SER culpó a ETA a esa misma hora citando «… fuentes jurídicas de toda solvencia».

Desde luego, todos los datos seguían apuntando en esa dirección. Así, sobre las 12, se recibió una llamada en la comandancia de la Guardia Civil denunciando que se había visto a una persona despojándose de ropas cerca de la estación de Vicálvaro. El aspecto del personaje en cuestión era occidental. Lo mismo afirmó a las 13.00 una de las personas heridas en el atentado hablando con el ministro Trillo en el hospital Gómez Ulla. Insistió en que había visto a los terroristas y que «eran españoles». La única nota discordante —aparte de las declaraciones del batasuno Otegui— la dio una fuente, presuntamente policial, que telefoneó al Periódico de Cataluña para decir: «Fíate de mí: ha sido Al Qaida». Era la misma tesis del batasuno Otegui y no deja de resultar llamativa ya que no había aparecido aún un solo indicio que apuntara a una autoría islamista.

Por lo que se refiere a la furgoneta Kangoo, a las 12.05, el primer perro la revisó por fuera sin que llegara a detectar nada. Tampoco el guía canino vio nada por los cristales. A las 12.15, Sánchez Manzano, el jefe de los Tedax, llegó al complejo policial de Canillas con los primeros restos recogidos en los lugares de las explosiones. Al ser informado del hallazgo de la furgoneta, llamó a su superior inmediato, Cuadro Jaén, comisario general de Seguridad Ciudadana, pero éste le dijo que esperara a los resultados del examen llevado a cabo por los perros. A las 12.20, un segundo perro revisó la furgoneta y el resultado fue el mismo que con el primero. Cinco minutos después, se procedió a forzar la puerta trasera de la furgoneta con una palanqueta y el segundo perro penetró en su interior.

De manera bien significativa, no apareció ni el más mínimo y a las 12.35, el comisario de policía de Alcalá, Eduardo Blanco, ordenó que se llamara a una grúa para llevar la furgoneta a la comisaría de la citada localidad. La grúa llegó a las 12.45, ordenando el jefe de la Brigada Provincial de Información que fuera llevada a Moratalaz para ser revisada por la Brigada Provincial de Policía Científica a las órdenes del comisario Santano. Sin embargo, el vehículo tenía la luz de emergencia estropeada por lo que hubo que ir en busca de otro. Así, Eduardo Blanco, el comisario de Alcalá, se marchó dejando al mando del operativo de la furgoneta a Martín Gómez, jefe local de policía científica de Alcalá. De todo esto nada sabíamos entonces los ciudadanos y serían investigaciones ulteriores las que lo determinarían. Tampoco teníamos noticia de la manera en que proseguían las investigaciones relacionadas con el tipo de explosivo utilizado para los atentados. Poder determinarlo resultaba esencial ya que semejante circunstancia serviría para deducir quiénes habían sido los autores de la matanza que, hasta ese momento, todos —con la excepción del batasuno Otegui— atribuían a ETA.

A las 12.20, el juez Garzón —que se había personado en Atocha sin que esté claro el porqué todavía a día de hoy— fue informado por un Tedax de que el explosivo utilizado en el atentado era Titadyne, es decir, el que utiliza habitualmente la banda terrorista ETA. La misma información recibió, sobre las 12.45, el subdirector general operativo de la policía, Díaz-Pintado. Habiendo llamado al comisario general de Seguridad Ciudadana, Santiago Cuadro, en el curso de una reunión con cargos del Ministerio del Interior, Cuadro le informó de que el explosivo había sido Titadyne con cordón detonante; en otras palabras, el explosivo utilizado habitualmente por la banda terrorista ETA. Por lo que se refiere a los políticos, mantenían su línea anterior. A las 14.05, Rodríguez Zapatero reiteró su determinación de acabar con el terrorismo —seguramente por eso su partido había pactado con los asesinos en Cataluña y calificó los sucesos como «los atentados más horrendos que haya cometido nunca ETA». Los batasunos Otegui, Permach y Barrena, que habían dado una rueda de prensa a las 13.25, eran los únicos que se desmarcaban de esa línea, aunque, esta vez, no atribuyeron la responsabilidad a lo que se había denominado la «resistencia árabe».

Si ETA, como todos pensaban, era la culpable de aquellas muertes, no poca de su responsabilidad recaía también sobre el PSOE por no decir ya sobre los nacionalismos catalán y vasco. Era el PSOE el que había respaldado y autorizado un pacto con los asesinos en Perpiñán estableciendo que una vida catalana era infinitamente más valiosa que la de cualquier otro español. Era el nacionalismo catalán que gobernaba en aquellos momentos el que se había sentado a pactar con ETA dejando de manifiesto que lo único que les importaba era Cataluña porque el resto de los seres humanos a sus ojos no merecíamos, en realidad, el calificativo de tales. Era el nacionalismo vasco el que había ayudado a ETA desde hacía décadas no sólo financiando a su rama civil con dinero procedente de los bolsillos de todos los españoles, sino además pactando en secreto con los terroristas para arrojar de la vida política vasca a todos los que no fueran nacionalistas. Las bombas podía haberlas colocado un comando de ETA, pero la sangre también salpicaba a socialistas y nacionalistas. Mientras tanto, continuaban las pesquisas en torno a los atentados.

A las 14.00 llegó la segunda grúa a Alcalá. Precisamente al ir a cargar la furgoneta, se descubrió que llevaba una marcha metida por lo que se rompió el precinto y penetró en el vehículo Martín Gómez, jefe de la policía científica de Alcalá. El operario de de Tedax dirigida por Sánchez Manzano. A las 14.30, Acebes y el consejero de Interior del gobierno vasco Javier Balza mantuvieron una conversación telefónica en la que coincidieron en que el atentado lo había cometido ETA. Diez minutos después, llegaba la furgoneta Kangoo al complejo policial de Canillas, pero no fue entregada a la policía científica sino que fue a dar en los hangares de la Unidad Central de Desactivación de Explosivos. La furgoneta llegó a esas dependencias policiales a las 14.40, pero el acta oficial de registro señalaría que había entrado en Canillas a las 15.30. En otras palabras, la furgoneta estuvo en paradero desconocido a efectos oficiales nada menos que cincuenta minutos. Durante ese período de tiempo, el contenido de la furgoneta —inexistente como sabemos por diversos testimonios— experimentó una mutación trascendental. En el interior iban a aparecer una cinta coránica, unos detonadores, un resto de explosivo y unas prendas de ropa en las que luego se encontraría el ADN de unos supuestos islamistas a los que se atribuiría la matanza. Quien puso aquellos elementos pretendía obviamente arrastrar a la opinión pública hacia un engaño premeditado y, de paso, evitar las negativas consecuencias que el atentado iba a tener, de manera inevitable, sobre Rodríguez Zapatero y los nacionalistas catalanes y vascos.

A las 15.30, el comisario Mélida —que posteriormente sería procesado por la presunta falsificación de un informe del 11-M— se hizo cargo de la furgoneta en Canillas, de manera oficial. Según Sánchez Manzano —que también sería procesado posteriormente como consecuencia de una querella presentada por la Asociación de Víctimas del 11-M— un Tedax le avisó a esa hora de que había llegado la furgoneta a Canillas y de que en su interior había detonadores y un resto de explosivo. A esa misma hora, Ana Terradillos, en la cadena SER, informaba de que, según fuentes del Ministerio del Interior, las bombas estaban compuestas por Titadyne y dinamita reforzada, lo que se correspondía con el modus operandi de ETA. En la misma línea se hallaba el CNI, que a las 15.51 envió una nota al gobierno dando casi por segura la autoría de ETA. A pesar de todo, el cambio estaba a punto de producirse en relación con los objetos hallados en la furgoneta, objetos que, como ya hemos señalado, aparecieron en los cincuenta minutos en que la furgoneta estuvo oficialmente desaparecida. Aznar, todavía presidente del Gobierno, temió haber sido objeto de una trampa de la que había mordido el cebo como —dicho sea de paso— todas las fuerzas políticas. No es menos posible, como se ha señalado recientemente, que hubiera rechazado la posibilidad de llegar a un pacto y que intuyera por eso mismo cómo iban a desarrollarse los acontecimientos siguientes. A las 16.30 se reunió con Acebes para evaluar la nota del CNI y los hallazgos de la furgoneta. Tras la reunión, llamó a Dezcallar para pedirle que procediera a investigar la pista islámica y sondeara en el plano internacional para averiguar si podía haber sido Al Qaida la responsable de la matanza. De esa manera, Aznar intentaba quizá protegerse de cualquier posible acusación en el sentido de que había dirigido la investigación policial en beneficio del PP.

Las intenciones eran buenas, pero no le iba a servir de nada. Y, sin embargo, para cualquiera que conociera la manera en que actuaban los terroristas islámicos resultaba obvio que no podían haber cometido el atentado. A diferencia de lo sucedido el 11-S en Estados Unidos o en tantos otros ejemplos, no había terroristas suicidas que hubieran aceptado inmolarse para causar más muertes. Ni el menor rastro. Esta circunstancia no les pasó por alto a los que iban a protagonizar un episodio de intoxicación masivo de la opinión pública española. En apenas unas horas, las noticias sobre la furgoneta, misteriosamente trasmutada, iban a provocar un vuelco político. De entrada, tanto los dirigentes sindicales como Pascual Maragall —en cuyo gobierno estaba un político que había pactado en Perpiñán con los terroristas de ETA— decidieron utilizar para la manifestación de repulsa convocada para el día siguiente un lema distinto del propuesto por el gobierno. Mediante una muestra innegable de villanía política, se iba a intentar desplazar la culpa del atentado de sus ejecutores al gobierno. Pocas veces se habrá actuado con más indignidad en la vida política de ninguna nación y pocas veces habrá reaccionado con mayor falta de sensatez una parte considerable de la población manipulada.

Mientras tanto, las irregularidades relacionadas con los restos del atentado seguían sumándose. Fue así como apareció en la comisaría de Puente de Vallecas una mochila —la famosa mochila de Vallecas— cuya categoría de completo montaje sin relación real con los atentados descubrirían investigaciones ulteriores. En otras palabras, a menos de doce horas de cometerse los atentados ya se habían introducido en la furgoneta Kangoo de Alcalá de Henares objetos que no estaban inicialmente y que apuntaban a la comisión de los atentados por terroristas islámicos y se había manipulado una mochila para apoyar esa tesis. Sin embargo, ninguno de esos extremos podía ser conocido a esas alturas en que, ingenuamente, pensábamos —salvo la conducta que comenzaban a asumir Maragall y otros como él— que todos estaban arrimando el hombro para dilucidar lo sucedido y encontrar a los culpables. A las 18.15, Acebes fue informado de que la cinta que, supuestamente, había sido encontrada en la furgoneta Kangoo era una cinta comercial dedicada a la enseñanza del Corán. Al parecer nadie se preguntó por qué unos terroristas islámicos habían dejado un objeto así en la furgoneta en lugar de una carta o una grabación que reivindicara los atentados. Una vez más, el montaje resultaba obvio. Se había buscado con rapidez algo que pudiera relacionar el vehículo con el terrorismo islámico y se había echado mano de lo primero que se tenía al alcance.

En todo caso, la tesis de la autoría islámica no se había lanzado todavía a los medios abiertamente. De momento, todo parece indicar que se estaba procediendo a preparar el terreno. Así, a las 18.30, Rodríguez Zapatero condenaba en televisión el atentado de ETA, más o menos un cuarto de hora antes de que Dezcallar telefoneara a Aznar para comunicarle que, según los servicios secretos extranjeros, nada apuntaba a que la matanza la hubiera perpetrado un grupo de islamistas. En esa misma línea se mantenía también el Grupo PRISA. Sobre las 19.00, Carlos Llamas, en la cadena SER, que todavía no había mutado en sus informaciones, insistía en que todo señalaba a un atentado de ETA y en que el portavoz de la Casa Blanca había señalado que no existía nada que apuntara a Al Qaida. Media hora más tarde, el Consejo de Seguridad de la ONU expresaba su condena al atentado de ETA. Sin embargo, el cambio estaba ya en marcha. Un dirigente socialista comentó que los autores del atentado podían ser islamistas y que tenía esa información gracias a gente cercana a Kerry, el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos. De manera inmediata, Aznar solicitó de Estados Unidos que le confirmara lo que acababa de decirle Rodríguez Zapatero y la respuesta fue que no sabían nada al respecto. Todo parece indicar que Rodríguez Zapatero estaba mintiendo y que además lo hacía en una dirección que le evitara pagar el coste electoral de no haber desautorizado al gobierno nacional-socialista de Cataluña por llegar a un acuerdo con la banda terrorista ETA.

Es posible que, a esas alturas, Aznar sospechara que su gobierno había caído en una trampa porque a las 20.10 comenzó a llamar a los directores de los medios de comunicación para decirles que se estaban siguiendo dos vías de investigación. Se trataba de un nuevo paso que ponía de manifiesto cómo el gobierno estaba jugando limpio, sin que semejante actitud fuera a servirle de nada. Tan sólo unos minutos antes, la SER había afirmado que tenía las fotografías de los etarras responsables de la matanza. Se trataba de una afirmación notable —¿quién lo puede dudar?— que contrasta gravemente con las informaciones que emitiría a no mucho tardar.

A las 20.15, el rey apareció en televisión pidiendo unidad, firmeza y serenidad contra el terrorismo, pero ya no mencionó a ETA. Cinco minutos más tarde, Acebes, en una rueda de prensa, anunció el hallazgo de la cinta coránica y la existencia de dos líneas de investigación. La BBC informaría tras esta rueda de prensa que el atentado podía ser obra de islamistas. Semejante información sería retorcida por algunos medios españoles en el sentido de señalar que la prensa extranjera afirmaba que los atentados se debían al terrorismo islámico. A esa circunstancia se sumaría el que a las 20.45 apareciera en Londres una falsa reivindicación de los atentados en nombre de las Brigadas de Abu Hafs Al Masri. En medio de aquel clima informativo que, sin que nos percatáramos, ya estaba comenzando a cambiar, fue la cadena SER el primer medio que viró a inusitada velocidad en una dirección novedosa. De hecho, los datos que iba a proporcionar la radio del Grupo PRISA estaban llamados a causar un enorme daño al PP y, sobre todo, a favorecer extraordinariamente al candidato socialista, José Luis Rodríguez Zapatero.

A las 21.00, Javier Álvarez señaló en la SER que había que rectificar una información previa ya que el explosivo no era Titadyne —se sabría con seguridad en 2009 que sí lo era— sino dinamita. La información difundida por la cadena SER era absurda e incluso podría haberse tachado de ridícula por no decir de abiertamente manipuladora. De hecho, el Titadyne es un tipo concreto de dinamita. En otras palabras, la información de la cadena SER carecía de sentido. Era equivalente a decir que un animal que tenemos ante nosotros no puede ser un perro porque es un mamífero. Ciertamente, podrá ser o no un perro, pero el hecho de ser mamífero no puede servir para negarlo por la sencilla razón de que todos los perros, por definición, son mamíferos. Sin embargo —y esto resulta esencial—, con semejantes datos se empezaba a introducir en la mente de los ciudadanos dudas sobre las informaciones que estaba que diferenciaba el Titadyne de la dinamita. En la SER comenzó a plantearse la tesis de que Acebes, el ministro del Interior, no informaba de las investigaciones con suficiente rapidez. La acusación también era absurda —salvo que se quisiera difamar al ministro del PP— ya que, a decir verdad, Acebes estaba dando informaciones casi en tiempo real, algo inusitado en cualquier situación semejante. A esas alturas, la ausencia de terroristas suicidas —una circunstancia que eliminaba de raíz la posibilidad de que los autores del atentado fueran islamistas— no sólo se le había pasado por la cabeza al autor de estas líneas.

Todo lleva a pensar que más de uno se había percatado de que la que luego sería conocida como «versión oficial» hacía aguas escandalosamente siquiera por esa circunstancia. Los terroristas suicidas —reales o imaginarios— tenían que aparecer si se deseaba que el atentado pudiera reconducirse contra el gobierno y contra el PP. A las 21.30, en medio de una estrategia que difícilmente podía ser casual y que se estaba traduciendo en cerrar la trampa sobre el gobierno, Rodríguez Zapatero llamó a Pedro J. Ramírez, el director de El Mundo , para decirle que había dos terroristas suicidas entre los muertos de los trenes. De hecho, la afirmación de Rodríguez Zapatero fue tajante: «Hay restos de terroristas suicidas, Pedro». Semejante afirmación —que era rotundamente falsa— provocó la pregunta inmediata de Pedro J.: «¿Oye, y no ha podido ser una faena a medias, una especie de joint venture ?». La respuesta de Rodríguez Zapatero fue tajante: «Eso es lo que dice Felipe, que ha sido un trabajo por encargo de ETA. Sería la primera vez que pasa algo así». Sabemos actualmente que la información proporcionada por Rodríguez Zapatero era un mentira total y absoluta, pero la cadena SER —¡también es casualidad!— la iba a difundir con unos efectos extraordinarios sobre los ciudadanos españoles.

A las 22.00, Ana Terradillos, desde los micrófonos de la SER, anunció que en el primer vagón del tren de Téllez iba un terrorista como tesis indiscutible que explicaría los atentados como originados por la participación de España en la guerra de Irak. En otras palabras, los doscientos muertos había que atribuirlos al apoyo que Aznar había dispensado al presidente Bush en su intervención contra el dictador iraquí Sadam Husein. La culpabilidad se desplazaba así de los asesinos al gobierno del PP. No hace falta decir hasta qué punto la conducta seguida por la radio del Grupo PRISA era extremadamente grave. Si actuaba de manera inocente, había incurrido en una grave temeridad por dar una noticia de enorme trascendencia sin contrastarla de modo suficiente. Si, por el contrario, estaba manipulando de manera consciente a la opinión pública, sólo daba muestra de una terrible falta de la ética periodística más elemental y se convertía en una mera correa de transmisión dentro de un ejercicio indecente de manipulación mediática.

Fuera como fuese, lo cierto es que la labor de la cadena SER no iba a discurrir en solitario. Sobre las 22.15, fuentes del CNI y de la policía ya estaban llamando off the record a los medios de comunicación para hablarles de suicidas que viajaban en los trenes. La información —nunca se insistirá bastante en ello— era totalmente falsa. Sin embargo, a esas alturas era difícil saberlo y cuando a las 23.00, Esperanza Aguirre llegó a IFEMA se encontró ya con familiares de las víctimas de los atentados que la increparon a gritos por su apoyo a la guerra de Irak. Era la misma hora en que Gaspar Llamazares, coordinador de IU, pedía desde la SER explicaciones a Acebes «antes de que vayamos a las elecciones». La misma cadena que había insistido nada más producirse los atentados en que no debían influir en el voto, ya se había convertido en el instrumento para arrastrar a los ciudadanos en la dirección diametralmente opuesta.

A las 23.37, desde la SER, en el seno de lo que ya era una abierta campaña de intoxicación, Alfredo Pérez Rubalcaba, antiguo ministro socialista en gobiernos desde los que se practicó el terrorismo de Estado de los GAL, acusó a Acebes de haber dado información falsa, una circunstancia que explicaría, según él, las condenas de ETA pronunciadas por el PSOE. Un cuarto de hora antes de las 00.00, la cadena SER difundía la información —una vez más falsa— de que el gobierno había pedido a Israel ayuda para identificar a los autores del atentado. Un asesor de Aznar telefoneó a Rubalcaba para darle la información del CNI contraria a la autoría islámica y desmentirle la existencia de suicidas. Como muestra de candor casi podía provocar ternura. ¡Equivalía a intentar que cambiara de postura alguien que ya había descubierto la clave para la victoria del PSOE tres días después! Por supuesto, Rubalcaba —que acabaría siendo ministro del Interior con Rodríguez Zapatero y ocupándose de las conversaciones con la banda terrorista ETA— insistió en que estaban convencidos de la autoría islámica. A la 1.30 de esa misma noche, concluyeron las autopsias en IFEMA sin que apareciera ninguno de los suicidas a los que habían hecho referencia Rodríguez Zapatero y los miembros de las fuerzas de seguridad que habían llamado a distintos medios de comunicación.

Resultaba obvio que las noticias difundidas por la cadena SER no se correspondían con la verdad. De hecho, se habría impuesto, por pura ética profesional, una rectificación. Sin embargo, la rectificación nunca se produjo. A esa misma hora aproximadamente, aparecía la mochila, la célebre mochila de Vallecas. Sobre las 3 de la madrugada comenzaron los trabajos de «desactivación» de un objeto cuya condición fraudulenta dejarían de manifiesto investigaciones posteriores. Las tareas duraron hasta las 4.45 aproximadamente y en el curso de las mismas no se permitió a la policía científica proceder a fotografiar el objeto. En el interior de la mochila —en realidad una bolsa de viaje de loneta— aparecieron algo más de 10 kilos de Goma-2 ECO, 600 gramos de clavos y tornillos mezclados con el explosivo, un detonador eléctrico de cobre, un teléfono Trium que debía hacer actuar el detonador, pero que no estaba conectado con éste, una tarjeta telefónica de Amena y el cargador del teléfono. Tiempo después se sabría que tanto el explosivo como el cargador eran similares a los introducidos en la furgoneta de Alcalá, lo que indica una misma mano tras la manipulación de ambas pruebas; que los cables del teléfono no estaban conectados a los del detonador —seguramente para minimizar el riesgo que se correría al hallarla—, y que en la mochila no hubo huella dactilar o rastro de ADN de ninguna de las 116 personas detenidas por su relación con los atentados ni tampoco de los denominados «suicidas» de Leganés.

El 12-M iba a amanecer con una serie de pruebas falsas colocadas por una innegable alianza del Grupo PRISA y la oposición para arrojar sobre el gobierno del PP la acusación de que había mentido a los ciudadanos para ocultar que la culpa de los atentados era suya por participar en la guerra de Irak. El razonamiento era de una notable bajeza moral y, sobre todo, contradecía el comportamiento de cualquier democracia avanzada como la británica o la norteamericana donde los atentados terroristas tuvieron como consecuencia directa que, con el respaldo de los medios, los ciudadanos se agruparan en torno al gobierno. En España sucedió todo lo contrario. Así, a las 6.00 de la mañana, a pesar de que ya habían concluido las autopsias y resultaba obvio que no había terroristas suicidas, la cadena SER comenzó a difundir la falsa noticia añadiendo incluso detalles —por supuesto, también contrarios a la verdad— como el de que el suicida iba depilado y llevaba tres capas de ropa interior. Con unos ciudadanos convenientemente manipulados por informaciones falsas difundidas de manera muy sobresaliente por la radio del Grupo PRISA y tras la aparición de una mochila manipulada, comenzaron a lanzarse acusaciones contra el gobierno en el sentido de que escondía la verdad porque, al tratarse de un atentado islamista, la causa de lo sucedido estaría en el apoyo a Bush en la segunda guerra de Irak. La consecuencia que se extraía de ese razonamiento asentado en mentiras era que el PP debía perder necesariamente las elecciones. Ésa fue la tesis que avanzó a las 9.00 el socialista José Blanco —futuro ministro de Rodríguez Zapatero— desde Antena 3.

Sobre las 12.00, fuentes policiales filtraron a medios de comunicación cercanos al PSOE que la dinamita usada en los atentados era Goma-2 ECO —que ETA no usaba desde hacía mucho tiempo— y que los detonadores y teléfonos apuntaban a islamistas. Era la misma hora en que distintos partidos nacionalistas —Batasuna, PSC y ERC— ya acusaban abiertamente al gobierno de mentir. Por su parte, IU, en una vuelta más de tuerca, instaba a la gente a acudir a las manifestaciones de la tarde con pancartas de «No a la guerra». Una hora después, la SER difundía el hallazgo de la mochila de Vallecas y su composición subrayando que no eran los elementos habituales utilizados por ETA. En una ofensiva en toda regla contra el gobierno, Localia —una televisión del Grupo PRISA ahora desaparecida— señalaba a las 17.00 que la policía apuntaba a emitir unas declaraciones del portavoz de la policía autónoma de Cataluña diciendo que no tenía constancia de ningún intento de atentado en Baqueira. Lo cierto, sin embargo, era que Aznar estaba diciendo la verdad y que ETA había intentado, pocas semanas antes del 11-M, perpetrar ese atentado en Baqueira contra la familia real. Pero ¿qué podía importar la verdad cuando el único objetivo era impedir que el PP ganara las elecciones? A las 19.00 —cuando daban inicio las manifestaciones en las principales ciudades de España— la SER seguía insistiendo en la línea comenzada unas horas antes.

Carlos Llamas, una de las estrellas de la cadena del Grupo PRISA, afirmaba que ETA negaba cualquier responsabilidad en el atentado y subrayaba la diferencia entre las afirmaciones de la organización terrorista con la insistencia de Acebes por dejar abiertas dos vías de investigación. PRISA, a través, sobre todo, de la cadena SER, estaba lanzando un mensaje diáfano: el gobierno de Aznar mentía, la responsabilidad de los atentados era islamista y la causa era la intervención en la guerra de Irak por deseo del gobierno del PP. No puede sorprender que los miembros del PP fueran increpados en las manifestaciones. De hecho, Rodrigo Rato y Josep Piqué, ministros del PP, llegaron incluso a ser agredidos en la que tuvo lugar en Barcelona.

Sin embargo, aún faltaba el último movimiento que permitiera dar la apariencia de que todas las piezas encajaban desacreditando al gobierno y culpándolo de los atentados. El nuevo paso estuvo relacionado con el teléfono y la tarjeta telefónica hallados en el interior de la mochila de Vallecas. La tarjeta —652282963— conducía a una pequeña tienda de Alcorcón que proveía a un locutorio de Lavapiés. El número de serie impreso en la carcasa del teléfono llevaba a la tarjeta telefónica 660955944 que Movistar no sabía dónde había vendido y el número de serie interno del teléfono —que llevaba a la tarjeta 680713060— no coincidía. Todo ello obliga a pensar que, al realizar el montaje, se llevó a cabo con tal apresuramiento que no se reparó en el error en que se estaba cayendo. De momento, esa circunstancia no estaba al alcance de los ciudadanos, y a las 19.00 prestó declaración en la Brigada Provincial de Información una gitana usuaria de la tarjeta 660955944 que afirmó haber comprado el teléfono en enero. A esas alturas, los partidarios de Rodríguez Zapatero ya festejaban con anticipación su triunfo. A las 21.45, Alfredo Pérez Rubalcaba, José Blanco, el consejero de RTVE, Miguel Ángel Sacaluga, y los miembros del comité electoral socialista Óscar López, Nacho Varela y César Mongo cenaban en el restaurante La Hacienda. Allí recibieron una llamada de Rafael Vera, socialista condenado por su relación con el terrorismo de Estado de los GAL, para informarles de que al día siguiente habría detenciones de islamistas. Los socialistas reunidos en el restaurante celebraron la noticia como preámbulo de una victoria electoral.

Por su parte, la SER continuó con su labor de abierta agitación afirmando: «Hay una bolsa bastante importante de indecisos y, evidentemente, la identificación del atentado con Al Qaida puede hacer reflexionar a la gente». En apenas unas horas, la SER había cambiado radicalmente su postura de que el atentado no debía influir en las elecciones. Por supuesto, lo había hecho a favor del PSOE. Y, sin embargo, seamos ecuánimes. Aquel fin de semana, buena parte de las informaciones dadas por la cadena COPE, nada sospechosa de simpatía hacia Rodríguez Zapatero, las propalaron correas de transmisión del partido socialista con absoluta impunidad. Bien es verdad que periodistas como Apezarena o Juan Baño habían ido difundiendo una visión similar a la de la cadena SER, un hecho de enorme relevancia que se olvidaría, pero que es fácil de comprobar en las audiotecas, como ha dejado de manifiesto recientemente un magnífico libro titulado Las cloacas del 11-M . En ocasiones la labor del malo se ve muy facilitada por la acción, o inacción, de los que deberían estar a la altura de las circunstancias y no lo están.

La llegada del día de reflexión —13 de marzo— se produjo en una situación de enorme agitación, una agitación a la que había contribuido en no escasa medida la radio del Grupo PRISA. Dirigentes de IU y del PSOE movilizaban a sus bases por sms para cercar las sedes del PP a las 18.00; a las 15.05, Javier Álvarez, en la cadena SER, daba la siguiente noticia: «El Centro Nacional de Inteligencia cree que el atentado es obra del terrorismo islámico. Fuentes del CNI han confirmado a esta redacción que todos sus agentes trabajan ya al 99 por ciento de posibilidades de que nos encontramos ante un atentado de corte radical islamista cometido por un grupo numeroso, entre 10 y 15 individuos, que pueden estar ya fuera del país, que colocaron las mochilas e inmediatamente después huyeron». De manera bien reveladora, la SER ya no se refería a los suicidas de los que tanto había hablado y que, obviamente, no habían existido jamás. Ahora se afirmaba que los terroristas habían huido del país. Diez minutos después, la policía detenía a los indios Suresh Kumar y Vinay Kohly, y a las 15.30 sucedía lo mismo con los marroquíes Jamal Zhougham, Mohamed Chaoui y Mohamed Bakkali. Que Dezcallar desmintiera a las 16.50 la noticia —de nuevo falsa— dada por la cadena SER, acerca de que el CNI sólo investigaba la pista islámica, no iba a tener ya ninguna repercusión en la opinión pública.

En las siguientes horas, la cadena radiofónica de PRISA protagonizaría una creciente agitación. Así, a las 18.00, la cadena SER afirmaba en su boletín informativo que «IU, después de la comparecencia de Ángel Acebes, ha denunciado una estrategia de manipulación informativa por parte del Partido Popular, lo que la coalición llama un golpe de Estado informativo del PP». Que con lo que se estaba viviendo —y difundiendo por las ondas— en las últimas horas se hablara de manipulación no dejaba de resultar peculiar. Media hora más tarde, la misma cadena SER se lanzaba a informar sobre las concentraciones que tenían lugar ante las sedes del PP; lo hacía en paralelo a CNN+. Había llamadas a Telemadrid informando de que había se dejado una cinta de reivindicación en una papelera cercana a la mezquita de la M-30. A las 20.15, la encontrarían tres policías de la comisaría de Ciudad Lineal… en manos de un policía retirado llamado José Vicente Ayala. A esas alturas, la situación se había convertido en insostenible en las sedes del PP. A lo largo del territorio nacional, no pocas de ellas estaban literalmente cercadas por manifestantes que acusaban al gobierno de mentir y le culpaban de la matanza por haber favorecido la intervención en Irak. Los gritos de «Asesinos» se dirigían así no contra los que habían llevado a cabo los atentados sino contra el gobierno del PP.

Ante lo dramático del momento, a las 20.30, Rajoy convocó una rueda de prensa para denunciar las manifestaciones ante las sedes del PP en plena jornada de reflexión. Justo una hora después, Alfredo Pérez Rubalcaba dio a su vez otra rueda de prensa en la que formularía una afirmación histórica: «Los ciudadanos españoles se merecen un gobierno que no les mienta, un gobierno que les diga siempre la verdad». Se trataba de un aserto notable por parte del portavoz de los gobiernos socialistas que habían estado implicados en la corrupción y el terrorismo de Estado de los GAL. Pero incluso en esta ocasión Rubalcaba había ido más allá de lo que había hecho una y otra vez en el pasado. A las 22.15, en la tertulia de la cadena SER, Santiago Belloch afirmaba refiriéndose al gobierno del PP: «Lo impensable se está produciendo, el intento de manipulación en un período electoral». Belloch seguía la tesis oficial del Grupo PRISA y de la oposición.

A las 22.30, el PP denunciaba ante la Junta Electoral Central las manifestaciones que se producían ante sus sedes. La denuncia no tendría ningún resultado práctico. Tampoco, una vez celebradas las elecciones, surtiría ningún efecto legal. Era obvio que los que cercaban las sedes del PP, los que culpaban al gobierno de los atentados, los que se aprovechaban de la sangre derramada en beneficio propio no estaban desorganizados ni se movían espontáneamente. Mucho tenía que haberse deteriorado la vida política en España para que todo aquello sucediera con total impunidad. Mi pregunta, por supuesto, era si el pueblo español sabría reaccionar con madurez o, por el contrario, a diferencia del británico o del norteamericano, se dejaría llevar por el miedo, la comodidad o la mentira. El no tener la menor certeza de que estaría a la altura de las circunstancias era lo que más me preocupaba.

Así era porque siempre ha sido obvio para mí que el triunfo del mal le debe mucho al comportamiento de los malvados, pero no poco al de los que no lo son, y no menos porque sé que una mentalidad forjada a lo largo de siglos de sometimiento a un monopolio espiritual opresivo no desaparece en unos pocos años de libertad. Aquella noche, sin embargo, tuve la sensación de que estaba terminando toda una época, la mejor de la Historia de España contemporánea. Esa época de prosperidad y de relevancia se evaporó en las urnas unas horas más tarde. Los españoles habíamos tenido en la palma de la mano deshacernos de nuestros demonios familiares, pero, al fin y a la postre, habíamos permitido que volvieran a regir nuestra Historia sumiéndonos una vez más en el cainitismo más suicida.

A las 12.30 de la noche, Acebes comparecía en una nueva rueda de prensa para informar de la aparición del supuesto vídeo de reivindicación y entregar la traducción del comunicado contenido en el mismo. En los años siguientes, no se lograría saber ni quién llamó a Telemadrid para informar del vídeo ni tampoco quién leía en él. A la una de la madrugada, la cadena del Grupo PRISA afirmaba que tenía conocimiento desde la mañana del sábado 13 de la existencia del vídeo de reivindicación. Se trataba de una nueva —y escandalosa— mentira. Era totalmente imposible que la SER tuviera conocimiento desde la mañana de la existencia del vídeo y la razón es obvia: los análisis periciales demostrarían que se grabó por la tarde. Pero hasta qué punto la cadena del Grupo PRISA estaba entregada a provocar un vuelco electoral a cualquier precio se puede ver en que Paco González, en el espacio Carrusel deportivo , se dedicó también —en paralelo al asalto a las sedes del PP— a esparcir los mismos infundios que sus compañeros de emisora.

Dicho sea de paso, a pesar de su conducta, años después Paco González no tendría el menor problema en fichar por la cadena COPE. «La pela es la pela», como dijo algún nacionalista catalán. Estoy convencido de que los que toman decisiones encaminadas a llegar al poder y mantenerse en él piensan muy pocas veces —si alguna— en el futuro de los niños. No lo han hecho, desde luego, los que han sembrado el odio y el resentimiento en regiones españolas como Cataluña y el país Vasco; no lo han hecho los que han arrastrado a las cajas de ahorros a la quiebra; no lo han hecho los que han ido aumentando la deuda de la nación hasta extremos agobiantes; no lo han hecho los que han seguido incrementando la presión fiscal para financiar un aparato administrativo absolutamente imposible de irregularidades. Candidatos, interventores y apoderados del PP se convirtieron en víctimas de insultos y, en ocasiones, de golpes. Sin embargo, nadie fue procesado por ese comportamiento ni tampoco por haber violado la jornada de reflexión. Recuerdo que cuando entré en el colegio electoral para votar, un matrimonio de jubilados me saludó y el hombre, apesadumbrado, me dijo: —A pesar de todo, vamos a ganar. Su tono de voz dejaba de manifiesto que no creía de manera total en lo que acababa de decir y yo me limité a guardar silencio porque pocas cosas aborrezco más que el dar falsas esperanzas. No, yo no creía que el PP fuera a ganar las elecciones, pero lo peor no era eso sino que estaba convencido de que lo que vendría a continuación sería un proceso de subversión del orden constitucional como no se había conocido hasta entonces.

Los españoles acudieron a las urnas bajo la terrible impresión del 11-M y de la información difundida en las horas siguientes, una información que apuntaba a que el gobierno había mentido y a que era el responsable de la matanza por haber apoyado la guerra de Irak. El resultado electoral fue el previsible tras la intensa campaña de agitación y propaganda y Rodríguez Zapatero se alzó con la victoria electoral obteniendo el PSOE, 164 escaños, 10.909.687 votos y 42,64 por ciento del total, frente a los 148 escaños, 9.630.512 votos y 37,64 por ciento del PP. Meses después, el económetra de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, José García Montalvo, realizaría un estudio estadístico que concluía que el PP hubiera ganado con holgura las elecciones del 14 de marzo de no haberse perpetrado los atentados del 11-M. De hecho, el PP habría obtenido entre el 42 y el 45 por ciento de los votos y el PSOE no más del 37 por ciento. De momento, sin embargo, el 14 de marzo, el cambio de partido en el gobierno se había realizado y esa misma noche Arnaldo Otegui, miembro relevante de Batasuna-ETA, telefoneó a sus contactos en el partido socialista para indicarles que continuaban las conversaciones encaminadas a llegar a un acuerdo. Cuestión aparte es que siguieran sin conocerse quiénes habían sido los autores de los atentados. Durante los meses siguientes, se produciría un fenómeno y mientras la cadena SER se auto-otorgaba un premio por la manera en que había informado de los atentados del 11-M, la sociedad española fue testigo de acciones políticas que parecían indicar más un cambio de régimen que de gobierno.

Así, Rodríguez Zapatero respaldó la redacción de un nuevo Estatuto de Cataluña que desbordaba ampliamente el contenido de la Constitución y, sobre todo, publicó que mantenía conversaciones con la banda terrorista ETA. Era obvio que el nuevo presidente del Gobierno estaba trazando un nuevo panorama político en el que la alianza con los nacionalistas —incluidos los que tenían las manos empapadas en sangre de inocentes— sería susceptible de permitirle perpetuarse en el poder. Partiendo de esa base, no puede sorprender que la comisión del Congreso encargada de la investigación de los atentados del 11-M —en la que existía una clara mayoría de izquierdas y nacionalistas— se aferrara a la versión oficial de los atentados y bloqueara de manera sistemática la comparecencia de testigos que hubieran sido esenciales para esclarecer los hechos. A pesar de todo —y resulta bien revelador— la comisión oficial no se atrevió, como habían hecho las izquierdas, los nacionalistas o, de manera sobresaliente, el Grupo PRISA, a relacionar los atentados con la guerra de Irak. Se trataba de una mentira demasiado grosera como para continuar enarbolándola y más cuando la meta del 11-M —un cambio de gobierno— se había conseguido sobradamente.

Durante un trienio, el único desafío a la versión oficial procedería de un sector muy reducido de la prensa que siguió investigando los hechos y encontrando, paso a paso, que la mochila de Vallecas era un fraude, que la furgoneta había sido llenada con objetos que, originalmente, no estaban en su interior o que los detenidos por la causa del 11-M no tenían nada que ver con los atentados. Por supuesto, a esas alturas no sólo no se podía sostener —ni siquiera lo mantenía la mayoría de los que lo habían hecho— que los atentados habían tenido relación con la guerra de Irak sino que además las investigaciones policiales habían dejado de manifiesto que el único objetivo de los atentados había sido provocar un vuelco electoral.

En los años siguientes, distintas sentencias judiciales avalarían la La denominada «versión oficial» era falsa por mucho que hubiera sido difundida por la cadena SER y el resto del Grupo PRISA. Con todo, el gran golpe judicial contra la «versión oficial» vino a finales del año 2007 con la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el 11-M. Se ha sabido, con posterioridad, que los juzgadores se volvieron atrás en algunos de sus planteamientos iniciales —por ejemplo, el procesamiento de policías que, presuntamente, mintieron o destruyeron pruebas— pero, a pesar de todo, lo cierto es que la sentencia de la Audiencia Nacional pulverizó la «versión oficial», es decir, la misma que había llevado a Rodríguez Zapatero a La Moncloa. En primer lugar, la sentencia señalaba que la guerra de Irak no había tenido nada que ver con los atentados del 11-M. Igualmente, la sentencia dejaba establecido que Al Qaida no había tenido parte en el 11-M y, por si todo lo anterior fuera poco, señalaba que se desconocía quiénes habían sido los autores intelectuales del atentado.

Para remate, de los cerca de treinta acusados de la causa del 11-M sólo tres fueron condenados como autores materiales del 11-M, tres que uno de los investigadores de los atentados definió con bastante acierto como «dos moritos de Lavapiés y un esquizofrénico asturiano». La sentencia, de hecho, absolvió a Rabei Osman Mohamed el Egipcio que, según la fiscal, era el autor intelectual de la matanza, y a otros seis acusados; e impuso condenas menores al resto de los condenados por delitos que, aunque se descubrieron durante la instrucción de la causa, no tenían que ver con las matanzas del 11-M.

Sí, con todas sus limitaciones, la sentencia aniquilaba la denominada «versión oficial» del 11-M y, como punto final, abría las puertas para seguir investigando los atentados e incluso iniciar acciones legales contra agentes policiales que, presuntamente, hubieran podido actuar de manera delictiva. Así sería. Tras una sentencia del Tribunal Supremo que confirmó la dictada por la Audiencia Nacional, las familias de las víctimas comenzaron las acciones legales contra policías como Jesús Sánchez Manzano. Se apoyaban para esta acción, entre otros aspectos, en el informe de uno de los peritos del 11-M que demostraba que el explosivo utilizado en los atentados no había sido Goma-2 ECO sino Titadyne. La acción de las víctimas contra Sánchez Manzano vino antecedida por una querella presentada el 30 de enero de 2008 por éste contra Casimiro García-Abadillo, Pedro J. Ramírez, Federico Jiménez Losantos, Fernando Múgica y el diario El Mundo , es decir, un sector importante de la escasa prensa independiente que se había esforzado durante años por averiguar la verdad sobre los atentados del 11-M. Sánchez Manzano consideraba lesivas contra él las informaciones debidas a los citados periodistas y que tenían que ver con la supuesta relación entre él y Carmen Toro, una de las imputadas del 11-M; el no envío a la policía científica de las muestras de los trenes; la existencia de un componente ajeno a la Goma-2 ECO en los análisis realizados; la custodia y análisis de muestras; los informes sobre antecedentes de ETA similares al 11-M; las posibles falsedades en relación con el teléfono móvil encontrado en la mochila de Vallecas, y otras.

Finalmente, en septiembre de 2009, se comunicó a las partes la resolución judicial referente a la citada demanda dictada en el juzgado de primera instancia n.º 56. La sentencia establecía de manera detallada y ecuánime la delimitación de los derechos de información y de libertad de expresión señalando con abundante base jurisprudencial que todos los demandados se habían limitado a realizar su trabajo bajo la cobertura de tales derechos y, por lo tanto, no habían cometido ninguna acción ilícita. Igualmente, la sentencia indicaba literalmente que «la narración de hechos que contienen los textos analizados… no resulta falsa en cuanto a la información transmitida, no difunde simples rumores, meras invenciones o puras insinuaciones, sino que, al contrario, se corresponden a grandes rasgos con el desarrollo y devenir del curso de las diligencias policiales y sumariales».

Por si todo lo anterior fuera poco, igualmente la sentencia afirmaba que «resultan constatados presupuestos fácticos como la relación entre la imputada Carmen Toro y Sánchez Manzano y que se ocultó la relación existente entre el modus operandi de los móviles usados en el 11-M y que el utilizado teléfono Trium 110 hallado en la mochila de Vallecas guardase en su memoria la fecha y la hora para la que estaba programado; que Sánchez Manzano se contradijo al hablar de los componentes del explosivo utilizado en los atentados del 11-M, y que fue irregular la designación del perito. Recogía de manera similar la sentencia que se había obviado la existencia de Titadyne, explosivo utilizado por ETA, y que el traslado de restos y vestigios se había llevado a cabo sin inventario previo y clasificación oportuna. De todo lo anterior se desprendía que no habían constituido intromisión alguna en el derecho al honor de Sánchez Manzano ni dejaban de ser una crítica legítima el haber utilizado en relación con él y con su trabajo relativo al 11-M expresiones como «falsedad», «engaño», «hurto», «amañado», «tergiversado», «mintió», «fiasco», «chapuza», «marrullería» y semejantes.

Junto a lo anterior, la sentencia daba un salto cualitativo extraordinario al indicar quién podía estar detrás de unos atentados que, de manera totalmente falaz e interesada, se habían atribuido a Al Qaida y a la intervención española en la guerra de Irak. Así, estimaba que opinar que el 11-M se había engendrado muy probablemente en el seno o al menos en el regazo del Estado resultaba factible dado el antecedente del llamado caso GAL, protagonizado, por cierto, por políticos del partido socialista. No puede sorprender que, con estas conclusiones, el tribunal desestimara íntegramente la demanda interpuesta por Sánchez Manzano contra Casimiro García-Abadillo, Pedro J. Ramírez, Federico Jiménez Losantos, Fernando Múgica y el diario El Mundo .

El terrible atentado del 11-M tuvo como consecuencia querida e inmediata la victoria de Rodríguez Zapatero en las elecciones del 14-M y el desplazamiento del PP del poder. También fue secuela directa e inmediata el intento de impedir que se supiera la verdad de lo sucedido. A esa tarea de ocultación, llegaron incluso a acuñar un calificativo injurioso, el de «conspiranoicos», dirigido contra todos aquellos que ansiábamos saber la verdad y no estábamos dispuestos a aceptar acríticamente la denominada versión oficial, versión que, como hemos visto, ya había quedado pulverizada por las sentencias judiciales dictadas por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. En tan sólo una semana de septiembre de 2009 quedó, por añadidura, de manifiesto que Sánchez Manzano había actuado en contra de los protocolos de los Tedax, lo que había tenido como consecuencia directa la destrucción de pruebas que podrían haber llevado hasta los asesinos del 11-M; y que las informaciones de los denominados «conspiranoicos» —Casimiro García-Abadillo, Pedro J. Ramírez, Federico Jiménez Losantos o Fernando Múgica, a los que hubiera podido sumarse en puridad el que quizá ha sido el mayor investigador del 11-M, Luis del Pino— se correspondían con la realidad hasta el punto de que resulta posible que el 11-M fuera una trama similar a la que tejió el gobierno socialista en relación con el terrorismo de Estado de los GAL.

A día de hoy, seguimos sin saber quién planeó, ordenó y ejecutó las matanzas del 11-M así como de quién partió la orden de destruir las pruebas que podían conducir a los culpables. No podemos alegar esa misma ignorancia en relación con el resultado de los terribles atentados.

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